La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazó la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad presentada por Aldo Héctor Gerosa, exfiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la Cuarta Circunscripción Judicial, contra la resolución de la Asamblea Legislativa que dispuso su destitución por mal desempeño funcional e institucional. El fallo fue dictado el 20 de octubre de 2026 y lleva la firma de los ministros Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco, Diego Maciel y Margarita Zabalza, quienes conformaron la mayoría. Daniel Erbetta y Rubén Weder votaron en disidencia.
La resolución cuestionada había sido adoptada el 20 de marzo de 2025 por la sesión conjunta de ambas cámaras de la Legislatura santafesina, que removió a Gerosa de su cargo y estableció una inhabilitación por diez años para acceder nuevamente al Ministerio Público de la Acusación. En su presentación, el exfiscal de Reconquista cuestionó la constitucionalidad del procedimiento disciplinario previsto para los integrantes del MPA y sostuvo que el sistema vulneraba garantías como el derecho a ser juzgado por un órgano imparcial, la defensa en juicio y el debido proceso.
También planteó objeciones sobre la intervención de legisladores, el tratamiento de las recusaciones, la valoración de las pruebas y los fundamentos utilizados para determinar su responsabilidad. Gerosa solicitó que se declarara la nulidad del procedimiento, se revocara la resolución legislativa y se dispusiera su restitución en el cargo. La mayoría del máximo tribunal consideró que los planteos del exfiscal no alcanzaban para habilitar la revisión extraordinaria de la decisión legislativa. En relación con la constitucionalidad del régimen disciplinario, recordó que la Corte ya se había pronunciado sobre la cuestión en el caso "Spelta", donde sostuvo, por mayoría, la constitucionalidad de las normas aplicables.
Además, señaló que la reforma de la Constitución provincial contempla un jurado de enjuiciamiento, pero que la disposición transitoria décimo segunda establece que, hasta la entrada en vigencia de una nueva ley, los procedimientos disciplinarios continuarán desarrollándose bajo la normativa actualmente vigente. Sobre las objeciones vinculadas al derecho de defensa y la imparcialidad, los ministros consideraron que no se acreditaron violaciones concretas al debido proceso que justificaran anular la destitución.
La Corte también sostuvo que el control judicial sobre este tipo de decisiones legislativas tiene límites y que no corresponde sustituir el criterio del órgano político cuando no se demuestra una vulneración manifiesta de garantías constitucionales. En ese sentido, entendió que la resolución de la Asamblea Legislativa contaba con fundamentos suficientes y antecedentes relacionados con las irregularidades e incumplimientos atribuidos al entonces fiscal.
Los ministros Daniel Erbetta y Rubén Weder se pronunciaron en contra del rechazo de la queja. En su voto, consideraron que los argumentos presentados por Gerosa tenían suficiente sustento inicial y planteaban cuestiones que podían configurar arbitrariedad y afectación de garantías constitucionales. Por ese motivo, entendieron que correspondía admitir la queja y permitir la apertura de la instancia extraordinaria, sin adelantar opinión sobre el fondo de la cuestión. Finalmente, por mayoría, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe resolvió rechazar la presentación de Gerosa y mantener firme la decisión legislativa cuestionada.