Este viernes en nuestro programa radial, entrevistamos al fiscal federal Dr. Roberto Salum, quien comentó todos los detalles relacionados al reciente procesamiento de exdirectivos y directivos de la empresa Vicentín. En el Juzgado Federal se dictó a la empresa el procesamiento por aprovechamiento indebido de beneficios fiscales, específicamente en el reintegro de IVA de exportaciones.
En este marco, es importante recordar que el juez federal de Reconquista, Aldo Mario Alurralde, dictó la resolución el 7 de mayo, procesando a 14 exdirectores del grupo agroexportador Vicentin SAIC, así como a la propia empresa, por el delito de aprovechamiento indebido de beneficios fiscales previsto por el régimen penal tributario. Los encausados fueron embargados por 100 millones de pesos cada uno.
Los procesados son Daniel Néstor Buyatti, Alberto Julián Macua, Roberto Alejandro Gazze, Máximo Javier Padoan, Cristian Andrés Padoan, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Oscar Vicentin, Roberto Oscar Vicentin, Yanina Colombo Boschi, Herman Roberto Vicentin, Oscar Silvio Vicentin, Rubén Darío Vicentin y Norma Susana Vicentin
Esta es una causa que tiene varios años, nosotros lo habíamos pedido hace bastante tiempo, este procesamiento, lo habíamos pedido por parte de las legislatorias y el procesamiento de estas personas. Efectivamente, hace un par de días se nos notificó el dictado del procesamiento por parte del Juzgado Federal.
Todavía estamos en trámite para saber si las defensas, que entiendo que sí, van a apelar este procesamiento y esperando que eso pase. Estamos todavía en plazo para que eso esté o pueda ser impugnado".
Seguidamente, Salum expuso que la investigación de la causa está basada en una denuncia realizada por la AFIP - Administración Federal de Ingresos Públicos-, la cual fue realizada a partir de documentaciones e inspecciones realizadas por la firma desde el año 2016, y extendiéndose en primer instancia hasta 2018, y luego se amplió hasta 2019 a partir de nuevas denuncias.
"A nosotros nos llegó la investigación, la hicimos avanzar, tomamos una serie de medidas para constatar y verificar los hechos que figuraban en la denuncia. Esto ya hace un par de años, pedimos las indagatorias de todos, inclusive de la empresa, hecho que fue sucediendo así con un cronograma bastante amplio en el Juzgado Federal y, bueno, después terminó con este dictado de procesamiento", agregó.
En este sentido, comentó que se investiga el reintegro la solicitud de reintegro del IVA a la exportación, y explicó: "Es un sistema complejo, pero los exportadores en Argentina tienen sistema de tasa cero, es decir, que tienen derecho a que se les reintegre todo lo que los proveedores hubieran trasladado a ellos en cuestión de impuestos internos y, en función de eso, después de exportar, ellos se presentan ante el Estado Nacional y piden el reintegro de algunos impuestos internos. En este caso se trata del impuesto de valor agregado".
Respecto a esta maniobra, Salum dijo que desde la Fiscalia Regional consideran que la misma estuvo viciada en varios aspectos, los cuales enumeró:
- "Porque había proveedores que eran inexistentes, es decir, proveedores apócrifos, había intermediarios que también para nosotros eran apócrifos".
- "Porque la maniobra en sí, eso está en el procesamiento, lo recoge en función de lo que nosotros postulamos, implicaba que se hacía o se cometía mediante un ardit más, que era cuando se presentaban a requerir ese reintegro, había algún dictamen de un contador independiente que no era tan independiente para nosotros, y por eso pedimos que el Juez recoge esto, hace lugar a lo que pide la Fiscalía".
"Ahora estamos en este dictado de un auto de mérito que implica la probabilidad que el hecho existió y de que todas estas personas lo cometieron, inclusive la persona jurídica. Esta probabilidad es un poco más amplia que la que se tenía al principio, que era una mera sospecha, ahora ya tenemos la probabilidad de la participación de todas estas personas en estos hechos".
EL REPROCHE PENAL:
"El reproche penal es el que establece el artículo 3º de la Ley Penal Tributaria, la 27430, que es el aprovechamiento indebido de beneficios fiscales, y que incluye, en este caso sería el aprovechamiento del reintegro de un impuesto. Está agravado por la participación de más de dos personas, y además por la intervención de una persona jurídica, que en este caso es la propia empresa" , agregó el Fiscal.
En este sentido, agregó: "Nosotros no tenemos muchos antecedentes en la provincia sobre imputaciones penales a personas jurídicas. Es una institución que parece novedosa, pero no es tal, y en este caso nosotros entendemos que se hizo en beneficio de la empresa, o para provecho de la empresa, o de sus directivos, y en consecuencia pedimos que se los indague, y ahora también se los procesó".
EL ARDID SEGÚN EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN:
Ante la consulta de cual sería el ardid o medio para llevar a cabo el beneficio presuntamente ilicito, el fiscal Roberto Salud comentó que éste está determinado en dos etapas:
- "Utilización de proveedores apócrifos para facturas en consecuencia que eran apócrifas, es decir, que se contrataba con personas que no tenían esa actividad, que nosotros trajimos al proceso constataciones que se hicieron en diversos lugares y que nos demuestran que esos proveedores no eran tales, no tenían domicilio determinado, o los domicilios que se informaban no figuraban en ninguna empresa, o muchos de ellos estaban incluso después de la contratación en la base de AFIP de proveedores de facturas apócrifas".
- "También entendemos que hay otra, que es la segunda parte, que es el pedido que hace a la AFIP para el reintegro de esta suma, imagínense que estamos hablando de 140 millones de pesos en aquel momento, y para nosotros ahí intervino una persona que ya está fallecida, que era un síndico de la empresa y que certificaba que los proveedores eran reales y no apócrifos. En nuestro entender, ahí hay una falta que tiene que ver con no haber constatado efectivamente la autenticidad de las facturas y de los proveedores".
De esta manera, Salu, expuso que desde la Fiscalía Regional tienen constatado que el daño al fisco, contando el balance histórico hasta este momento, y sin contar multas ni intereses, ascendería a $140.000.000, pero que es un monto que debe ser actualizado, aplicando oportunamente los intereses, más las multas pertinentes.
"Nosotros, más que un fallo de primera instancia, lo que estamos haciendo es un procesamiento. Esto implica que primero tiene que ser revisado seguramente por la Cámara de Apelaciones del Fuero, y después se seguirán produciendo elementos de prueba, y casi seguramente, irá a juicio oral, si es que la Cámara no revoca este procesamiento, irá a juicio oral, y es allí recién dónde se van a determinar efectivamente las responsabilidades penales y las penas.
Respecto al reproche penal, la figura básica tiene una pena de 3 años y medio a 9, pero con el agravante, el mínimo se eleva a 4 años, es decir, de 4 a 9 años, para las personas físicas. Por su parte, para las personas jurídicas, la ley establece una serie de sanciones que van hasta alguna sanción que tiene que ver con la autorización para seguir actuando como persona jurídico", concluyó.
Escuchá acá la entrevista completa:
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