Este viernes dialogamos en nuestro programa radial con el Juez Federal Aldo Alurralde, quien nos comentó los pormenores del procesamiento del Rector de la Universidad Nacional de Chaco Austral (UNCAUS), Germán Oestmann.
En esta decisión se lleva a cabo el procesamiento de un total de 18 directivos y empleados vinculados a la universidad, fundaciones, empresarios y personas cercanas. Todos ellos están señalados como parte de una asociación ilegal cuyo propósito era desviar los fondos enviados por el Estado nacional a la UNCAUS, utilizando para ello fundaciones y empresas que habían creado, dirigidas por familiares y allegados.
Al respecto, Alurralde manifestó: "Entendí que usaban fundaciones satélites para el desvío de fondos públicos. El procesamiento es muy extenso, tiene más de 350 carillas, en virtud de la cantidad de personas involucradas y, además, hice realizar una tarea con peritos interventores que fueron acercando informes que me permitieron llegar a esta decisión en virtud de entender que existe una asociación ilícita y otros delitos conexos".
En referencia al modus operandi de estas personas, el juez detalló: "La UNCAUS creó varias fundaciones donde transfería áreas enteras de grado que luego eran aranceladas, lo cual está prohibido al ser una universidad pública".
"A la vez estas fundaciones llevaban una contabilidad defectuosa y poco clara, de manera tal que el destino de estos fondos públicos se iban disipando en gastos poco claros. Por ejemplo, una de ellas tenía importantes gastos en combustible y no poseía vehículos, son cuestiones que reflejan que los fondos de la sociedad tenían un destino incierto".
"En un allanamiento se encontraron notas con el rótulo de la universidad, donde decía ‘x millones de pesos destinados a la campaña de Capitanich’ y, en otro caso, para ‘vianda de los fiscales’. Hay un claro desplazamiento de lo que es el interés público con lo que es el privado y, el funcionario, en ese caso solo piensa su propio negocio, por lo cual es difícil que tenga un buen ejercicio de su labor pública".
En cuanto al proceso que llevó a cabo hasta llegar a esta resolución, Aldo Alurralde aseveró: "Hubo tareas efectuadas por peritos que han intervenido estas fundaciones, se tuvo que recopilar mucha información, también intervino la UIF (Unidad de Inteligencia Fiscal). No son delitos que se cometan a cielo abierto, esto ocurre dentro de un ámbito específico, contable y administrativo de organismos públicos".
"Estas personas integran una asociación ilícita y así lo he dispuesto en el procesamiento. Son fondos públicos con una finalidad distinta a la que fueron provistos por el Estado y los contribuyentes".
"Había fondos destinados a becas estudiantiles y la universidad no estaba otorgando ninguna".
En relación al embargo de los bienes de los 18 involucrados, el juez afirmó: "Fueron embargados por $100.000.000, además tienen prohibido salir del país y están obligados a presentarse el primer día hábil de cada mes en la sede del juzgado federal de Sáenz Peña".
Escuchá acá la entrevista completa:
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