LAS ÚLTIMAS NOVEDADES EN LA CAUSA DEL CONCURSO DE VICENTIN S.A.I.C.

El pasado lunes 18 de marzo, el Juez Civil y Comercial, Dr. Fabián Lorenzini, resolvió prorrogar la intervención societaria de la empresa concursada hasta el 30 de agosto próximo, a cargo de quienes vienen realizando esta función, el Licenciado Andrés Shocrony y el Dr. Guillermo Nudemberg.

La determinación del juez originario del concurso se da luego que la Cámara Civil y Comercial resolviera homologar la propuesta concursal presentada oportunamente por la empresa. La resolución de Lorenzini apunta a custodiar los activos empresarios y que los mismos sigan protegidos, por lo que solicita al mismo tiempo, avances en la recuperación de los créditos que tiene a su favor Vicentin.

Comoditties S.A. apeló el fallo de Cámara. Fue el único acreedor que hasta el momento resolvió apelar la resolución de segunda instancia. El Banco Nación Argentina y el Banco de la Provincia de Buenos Aires tienen plazo hasta este jueves para recurrir dicho decisorio. Las dos entidades crediticias se reservaron el derecho de apelar la medida, si la misma era diferente a lo que resolvió el juez de primera instancia, como efectivamente sucedió, aunque se ignora que determinación habrán de adoptar.

Los próximos pasos. La Cámara deberá resolver si acepta o rechaza la apelación. Si la rechaza, igualmente el o los acreedores pueden acudir en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. Ese trámite lleva unos dos meses para que el máximo tribunal de justicia de la provincia decida si acepta o no dicha apelación.

Si la corte acepta la apelación o la Cámara concede que la causa pase a ser tratada en la máxima instancia, se ingresa en los expedientes a tratar y resolver por el órgano que preside el Dr. Rafael Gutiérrez. Especialistas en temas jurídicos, consideran que la resolución definitiva se conocerá recién hacia fines de año.

Si la medida de cámara hubiera quedado firme, en los próximos días estarían cobrando sus acreencias 815 acreedores, a los que se les adeuda hasta 30.000 dólares. Y el resto percibiría el 11% de sus acreencias, en todos los casos a valor dólar. Por ende, la dilación de la causa perjudica especialmente a quienes poseen acreencias por cobrar.