El juez federal de Reconquista fue abordado por la decisión de la Cámara de Resistencia, que no dio lugar al recurso interpuesto por Fabio Ezequiel Robledo, que había sido imputado en el juzgado que él lleva adelante. "Se logró identificar a lo que sería una organización dedicada al narcotráfico, la modalidad, tenencia de estupefacientes y comercialización de los mismos, que operaba en distintas localidades como ser Tacuarendí, Las Toscas y Villa Ocampo", explicó el magistrado.
El juez Alurralde recordó que en su momento él dispuso el allanamiento de las viviendas de estas personas, "de las cuales justamente quien apela se le imputó, y que la cámara no le ha hecho lugar, se le imputó la comercialización de este estupefaciente", añadió Alurralde.
"Esto es importante, porque en este sentido la cámara abona la tesitura que he tenido siempre desde que estoy a cargo del juzgado, respecto de que no es necesario encontrar en ese domicilio, en el domicilio particular donde se allana el estupefaciente", valoró el juez federal de Reconquista.
"Si esa persona, se tienen otros elemento de prueba, en otro domicilio vinculado a la misma organización, se encuentra material estupefaciente, y esa persona a través de otros medios de prueba, como ser intervenciones telefónicas, observaciones, se puede establecer que estarían comercializando el estupefaciente. Es decir, no es necesario siempre la tenencia material, y todo para que la gente más o menos lo entienda", adujo Alurralde.
Control de cárceles
"No solo bueno, es necesario el control sobre las cárceles", respondió sobre las requisas que está haciendo el gobierno provincial en las cárceles santafesinas. "Hay que tener no solo la perspectiva del criminal, sino también la perspectiva de la víctima, que probablemente es mucho peor que la persona que está en la cárcel y en libertad", expresó. En esa misma línea, dijo que muchas veces las víctimas han sido violadas, encarceladas o asesinadas. "Entonces, también hay que tener la perspectiva de la víctima, entiendo que hay que seguir con esta tarea de control", remarcó.
"Lo que hace el gobernador es un lenguaje claro, concreto, que refiere precisamente al combate contra el crimen y las consecuencias que acarrea la comisión del delito", apuntó el juez federal.
"Porque cuando se relativiza, cuando se empieza con la relativización de las penas, cuando 9 años, no son 9 años, sino que son 3, entonces allí la comisión del delito, para el delincuente comienza a ser rentable, eso es lo que hay que evitar", analizó.
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