Este miércoles hablamos en nuestro programa radial con el abogado Ricardo Degoumois, quien se refirió acerca de la resolución de la jueza Dra. Claudia Graciela Bressan, la cual refiere a un caso de abuso sexual con acceso carnal agravado el cual habría sido cometido por más de dos personas en reiteradas oportunidades.
Sin embargo, el imputado, Hugo Luis Seferino Pividori, terminó absuelto de culpa y cargo. La defensa estuvo a cargo del Dr. Ricardo Degoumois, mientras que también participó en la querella el CAS -Centro de Acción Judicial- a través de la doctora Tailleur.
Al respecto de esta situación, el abogado defensor inició reflexionando: "Yo lo que ratifico es que hay una concientización por parte de la ciudadanía donde, en lo relacionado a las cuestiones penales, lo único que es justicia es una condena. Y, si la sentencia que se dicta después de un juicio conlleva esto, el análisis pormenorizado de todas las diligencias probatorias que proponen las partes, las cuales no lograron a los estándares probatorios mínimos para poder determinar la responsabilidad penal del imputado. Eso también es justicia.
Justicia es la conclusión a la que llega un Magistrado con los elementos que se le acercan para resolver un conflicto, en este caso, con la Ley Penal. Acá lo evidente es que una persona fue sometido a proceso durante más de 7 años, y era inocente.
Y eso también es la pena del banquillo: hay que estar sometido a proceso, con una calificación tan gravosa durante 7 años. Esa persona se levanta todos los días pensando en cómo será su vida hoy. No puede formular los estándares de vida normal porque no sabe que le va a deparar el futuro.
No caigamos en el eufemismo de que la inocencia se presume. Lamentablemente tenemos un sistema penal tan degradado, que hay que probar que uno es inocente".
En consonancia, Degoumois agregó: "Los que bregamos por la verdadera Justicia Penal, entendemos que en esta no todo denunciado debe terminar con un proceso. Varios jueces ya les han dicho a los señores fiscales que solamente lleven a juicio las causas que advierten que tienen una perspectiva de condena. Y ese es el análisis previo que deben realizar los fiscales.
Acá tenemos un índice de conflictividad llevándose todo a juicio que es altísimo. Lo ha dicho el regional en varias oportunidades. Hay una falencia del sistema, y hay que hacer un mea culpa por parte del órgano acusador. No hay otro ente que deba hacer mea culpa, porque no hay parámetros objetivos ni serios.
Uno se entera que a algunos ciudadanos, acusados de delitos atroces, le hacen un abreviado por 6 años, y a otros le piden una pena mínima de 10 años. Por esto, los parámetros deben ser serios, no pueden haber tantas discrepancias".
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La magistrada resolvió imponer las costas a la parte perdidosa; es decir, al Ministerio Público de la Acusación, ya que la parte acusatoria estuvo a cargo del Fiscal Juan Sebastián Marichal. La doctora Bressan determinó también hacer saber lo resuelto a la presunta víctima y diferir el cálculo de los honorarios para el momento procesal oportuno.
La absolución corresponde al imputado Hugo Luis Ceferino Pividori, DNI 17.122.591. La defensa correspondió al Estudio Jurídico del Dr. Ricardo Degumois, mientras que también participó en la querella el CAS -Centro de Acción Judicial- a través de la doctora Tailleur.
La juez interviniente argumenta que: "el imputado sigue manteniendo la presunción de inocencia, con la que llega al proceso. Estaba en manos de los acusadores derribarla, pero la orfandad absoluta de pruebas, hace que esa presunción se mantenga incólume".
Más adelante justifica su decisión explicando; "será la acusación la que deberá desvirtuar el estado de inocencia del encartado, en tanto no se arrimen a la causa los elementos que lo destruyan, no se puede modificar este status".
Se trata de otro juicio, donde la parte acusatoria que estuvo a cargo del Fiscal Marichal, no pudo probar la acusación efectuada. La pregunta es la que ya nos formulamos en otras oportunidades y que no debe dejar de constituir una preocupación manifiesta: se trató de una imputación infundada; o bien, resultaron defectuosas y/o insuficientes las pruebas reunidas al momento de la acusación. En suma, o se imputó indebidamente a una persona, o por la negligencia probatoria, un abusador está en libertad.