Mai comentó que ya se informó a todas las personas denunciadas cuál es el hecho por el que se las investiga y la figura jurídica que se les aplicó. La investigación partió de dos denuncias: una de un trabajador interno al hospital; otra, de una abogada matriculada.
A partir de estas denuncias, se trabajó con la Agencia de Investigación Criminal y con la Fiscalía de Estado de la provincia de Santa Fe. Este último organismo está avanzado en lo que respecta a la investigación administrativa de aquellas personas que pertenecen a la cartera ministerial. "Se evalúa la responsabilidad y si amerita que sigan siendo funcionarios públicos o si se les aplica sanción", explicó el fiscal.
"Ya no queda nadie más por imputar", agregó Mai y explicó que quienes concretaron la vacunación, es decir, los enfermeros, no hacían más que cumplir órdenes. "Nos resta analizar en concreto si van a efectuar algún tipo de declaración o van a proponer una salida temprana en conflicto penal; en caso contrario, ya nos encontramos con la posibilidad de avanzar hacia la presentación de la acusación, que se va a traducir en un juicio oral y público", aclaró el fiscal.
En lo que respecta al rol del Ministerio de Salud, explicó que la entidad brindó el marco normativo que rige en la vacunación, o sea, el orden de priorización para vacunar la población objetivo.
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