"La ley de concursos prevé la posibilidad de que una persona humana o una sociedad, pueda acudir a solicitar la apertura de su concurso cuando se encuentra en imposibilidad de cumplir con los pagos comprometidos a sus acreedores, entre otros supuestos legales", sostiene el magistrado interviniente.
En ese sentido, Lorenzini agregó que una vez abierto el concurso se protege a la empresa como generadora de riqueza, prosperidad y fuentes de trabajo (sin confundirla con los dueños o empresarios, cuando se trate de personas diferentes). Esto significa que se activan una serie de protecciones legales que duran mientras renegocia con los acreedores y reestructura sus deudas (proceso de empresa en crisis).
"Asi, por ejemplo, se suspenden los intereses de las deudas contraídas antes de la fecha de la apertura del concurso, se pueden continuar algunos contratos esenciales o fundamentales para que la empresa siga operando, se protege las cuentas bancarias esenciales para que no quede excluida del sistema financiero, etc", afirma.
Más adelante, la explicación del magistrado indica que desde la apertura en adelante, se desarrollan varias etapas trascendentes: nombramiento de los sindicos, control de la empresa, presentación de los acreedores, verificaciones, traba de medidas cautelares, concursales para evitar actos de disposición, sentencia de verificación que establece quienes son aceptados como acreedores legítimos, entre otros actos trascendentes.
En dicho esquema, la empresa en crisis o el deudor (si es una persona física) tiene un periodo de exclusividad para "arreglar" su situación. Esto quiere decir que nadie más que ese deudor o empresa en crisis tiene derecho a formular propuestas a los acreedores, justamente porque se trata de permitir que cuenten con la tranquilidad y el tiempo necesario para reprogramar su actividad y sortear la crisis, con la ayuda legal que establece este proceso que agrupa a todos los acreedores y deudas.
Añade que luego de ese período de exclusividad pueden pasar varias cosas: a) que se llegue a un acuerdo y se apruebe el mismo judicialmente (homologación), en cuyo caso la empresa o concursada deberán cumplir lo pactado y seguiran trabajando; b) que no se llegue a un acuerdo y se declare la quiebra que implica que todos los bienes deben venderse para pagar las deudas, respetando ciertas prioridades legales (cobran en primer lugar los trabajadores y los gastos del proceso y después todos los demás). c) que se abra un proceso de concurrencia (solamente para el caso de sociedades por acciones, SRL, cooperativas y otras que estan expresamente indicadas en el art. 48 de la ley de concursos argentina).
Manifiesta en su explicación el juez que en este período de concurrencia es opuesto al de exclusividad, es decir, que cualquiera puede presentarse (cumpliendo ciertas pautas) con la intención de lograr el acuerdo que el deudor o empresa en crisis no pudo conseguir. Se trata generalmente de los mismos acreedores o de terceros inversores que pueden estar interesados en adquirir las acciones de la empresa en crisis y lograr así una transición o traspaso de dueños en el marco de este proceso, evitando la quiebra y liquidación y manteniendo la actividad empresaria. Se entiende como un mecanismo que intenta evitar la desaparición de una empresa como generadora de actividad y trabajo.
Hasta el año 2002, la apertura del período de concurrencia (también llamado CRAMDOWN por asociación con la legislación de bancarrotas de Estados Unidos) significaba el desplazamiento definitivo del dueño o empresario original. Pero luego de la reforma que se introdujo en ese momento, los dueños originales continúan en carrera y pueden competir abiertamente con cualquier otro interesado oferente. Solamente pierden esa exclusividad, pero no implica desplazamiento. Por lo tanto, siguen al frente de su empresa y pueden volver a ofrecer alternativas a sus acreedores.
El período de concurrencia dura hasta que se logre valuar las acciones que deben transferirse, negociar con los acreedores y presentar esos acuerdos en el expediente, siempre con las pautas y los plazos que establece el mencionado art. 48 de la ley. Igualmente, en determinados casos por sentencia fundamentada, se podrían flexibilizar o modular razonablemente esos términos legales para evitar un fracaso del proceso por un exceso formal.Si ese proceso fracasa por no lograrse las mayorías necesarias por parte de ninguno de los interesados en la compra de las acciones y lograr la reestructuración de la deuda, finalmente se debe declarar la quiebra y comenzarse la liquidación.
Finalmente, explica que el documento ha sido elaborado con la única finalidad de explicar coloquialmente las disposiciones legales. "No constituye un dictamen ni resulta vinculante o de valor legal", cocnluye.