El magistrado en su resolución sostiene que decide inhibirse de continuar interviniendo en estos autos, "debiendo la Oficina de Gestión Judicial remitirlos en forma inmediata al subrogante", indica Banegas.
El juez explica que su decisión se fundamenta en declaraciones realizadas a un medio del sur de la provincia, donde Procurador de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, el Dr. Jorge Barraguirre sostuvo que iban a conformar un legajo de actuaciones, obviamente, como para poder investigar las responsabilidades judiciales, puntualizando que se investigaría la responsabilidad del magistrado en avalar, al homologar un acuerdo de partes en estos términos.
En el segundo tramo de la presentación, Banegas manifiesta que es decisión suya hacer saber lo sucedido, con copia de las piezas procesales más relevantes, al Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, a la Cámara de Apelación Penal de la Cuarta Circunscripción y al Sr. Secretario de Gobierno de la Excma. Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, a los fines que pudieren corresponder.
En su escrito, Banegas subraya que luego de diversas vicisitudes procesales, en fecha 26/04/2023, se realizó en autos la audiencia prescrita por el artículo 342 del Código Procesal Penal, en razón de haber arribado las partes a un acuerdo de condena mediante procedimiento abreviado, conforme a las previsiones del Título II, LibroIV, del referido digesto ritual.
Más adelante recuerda que en dicho acuerdo, las partes pactaron, amén de la pena a imponerse al imputado, que este debería abonar la suma de $6 000 000 (pesos seis millones) por los daños y perjuicios ocasionados a la víctima por el delito cometido, en dos cuotas iguales y consecutivas, siendo pagadera la primera de ellas en oportunidad de celebrarse la audiencia mencionada en el párrafo precedente y la segunda en fecha 29/05/2023; momento en el cual, además, se dictaría la sentencia homologatoria respectiva.
"Esta regla particular de actuación acordada por las partes haciendo uso de las facultades que expresamente les confiere el artículo 13 de la ley procesal penal santafesina —por medio de la cual se extendía hasta la fechareferida el plazo legal de cinco días para dictar sentencia establecido por el artículo 343 de la norma adjetiva—, conforme a lo explicado por los litigantes en el escrito de solicitud de aprobación de la salida alternativa referida, obedecía a la necesidad de garantizar a la víctima que el pago del resarcimiento económico que por derechole corresponde en virtud del daño sufrido, sería íntegramente abonado", añade textualmente el magistrado.
"Entendiendo quien suscribe que las normas procesales deben servir para posibilitar la realización del derecho de fondo —no constituyéndose en meros ritos vacuos, obstativos de la resolución de los conflictos penalessubyacentes—, y en la inteligencia de que dicha regla particular de actuación privilegiaba los objetivos de simplicidad y abreviación, salvaguardando adecuadamente la garantía del debido proceso —conforme a las expresasprevisiones del artículo 13 del código formal—, decidí hacer lugar al trámite pactado por los litigantes —situación que fue puesta de manifiesto expresamente en la audiencia celebrada en fecha 26/04/2023—, no habiendo dictado aún, en consecuencia, sentencia en estos autos", explica el magistrado.
"El Sr. Procurador de la Excma. Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Dr. Jorge Alberto Barraguirre, afirmó —no una, sino dos veces— que se =iniciarían "actuaciones" para investigar la responsabilidad de quien suscribe en lahomologación del acuerdo presentado por las partes en estos autos, refiriéndose con ello —sin el menor atisbo de duda— a la facultad que le otorga el artículo 131, inciso B.", de la ley n.° 10160 de impulsar la imposición de sanciones disciplinarias contra magistrados del Poder Judicial", reprocha el Dr. Banegas.
"Estas afirmaciones resultan de una gravedad institucional extrema, toda vez que no solo no he dictado resolución alguna en estos autos—aceptando o rechazando el acuerdo traído a estudio por los litigantes—, sino queme encuentro aún dentro de los plazos legales para hacerlo; por lo que la advertencia públicamente realizada en un medio masivo de comunicación por el Sr. Procurador en el sentido de que el dictado de una sentencia homologatoria traería consecuencias negativas directas sobre mi persona —de mínima, el inicio de una investigación en mi contra—, se trata de una injerencia indebida e inaceptable que claramente me condiciona a la hora de dictar sentencia", reclama el magistrado
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La palabra del magistrado cuando se logró el acuerdo
En nuestro programa radial con el Juez Penal Dr. Santiago Banegas, tras el acuerdo de partes del juicio abreviado, en el cual quedó plasmada la condena a Marcelo Eduardo Galaz: donde se pactó 7 años de prisión efectiva más una indemnización de $6.000.000, dio detalles de lo acordado.
A partir del acuerdo en cuestión, Banegas explicó que se evita ir a un juicio oral y público y que se pacta una condena entre el imputado, la víctima y el Ministerio Público de la Acusación.
"La condena en este caso implicaba una compensación económica, por el daño causado por el hecho. Debido a que el monto es bastante elevado, las partes acordaron que sea en dos pagos: un primer pago ya fue efectivizado, y la mitad restante será pagada de acá a un mes. En ese momento, se va a dictar la sentencia y se va a empezar a cumplir la pena. Las partes lo acordaron de esta manera", agregó el Juez Penal.
El anticipo de Vía Libre
Se trata de un abuso sexual gravemente ultrajante reiterado, en un número indeterminado de veces: en concurso real y con abuso sexual con acceso carnal reiterado.
Marcelo Eduardo Galaz, de apodo Leche, con el patrocinio de su abogado defensor, acordó con la víctima y su patrocinante y asesor técnico letrado, Dr. Leonardo Abel Baucero, los términos de un procedimiento abreviado.
Los términos del acuerdo son la condena para el imputado a 7 años de prisión de ejecución efectiva, más los accesorios legales. Asimismo, se compromete Galaz al pago de una indemnización monetaria por la suma total de 6 millones de pesos.
La víctima acuerda libre, voluntaria y plenamente consciente, mediante el debido asesoramiento de su abogado patrocinante y manifiesta, no obstante, que si desea ser oída por el tribunal.
El paso siguiente será la audiencia ante la Oficina de Gestión Judicial -OGJ- donde el juez interviniente deberá ratificar los términos de este juicio abreviado. La misma se desarrollará la próxima semana, muy probablemente los días 25 y 25 de abril.
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