"Queremos expresar una preocupación que existe y lo vemos en vecinos de toda la zona, que tiene que ver con esto de propiciar un cram down para Vicentín", señaló la abogada en el comienzo de la entrevista con Vía Libre.
"Para que la gente lo entienda esto de cram down significa que se los desprende obligatoriamente a los dueños, se los hace ceder la propiedad de la empresa a favor de uno de los acreedores que es el Banco Nación, que es un banco del estado, es un banco público, entendemos que esto significa que el Banco Nación, tiene intenciones de quedarse con la propiedad de la empresa", señaló la diputada provincial, Marlen Espindola.
Haciendo esto una empresa de participación mayoritaria estatal, significa un traslado de costo que no sabemos si lo vamos a pagar los santafesinos, si lo vamos a pagar todos los argentinos, nadie supo decirnos de donde iban a salir los 800 millones de dólares que se necesita para que la empresa Vicentín funcione.
"Nadie nos supo decir como van a mantener los puestos de trabajo, esto es lo que a nosotros nos preocupa, la realidad es que sería un impacto terrible para la zona que esta empresa no pueda funcionar, no pueda abonar los sueldos, deje de abonar las cargas sociales", reclamó la legisladora.
En tanto es importante repasar el planteo hecho por Espindola desde su banca cuando expresó: "Desde el lunes pasado vengo leyendo artículos periodísticos que narran la presencia en la sede del Banco de la Nación Argentina, de integrantes de la Comisión de Seguimiento del proceso concursal de Vicentín, Más concretamente cuentan de una reunión con parte del Directorio de esa entidad financiera, donde aparentemente se habría avanzado en proyectos o intenciones de propiciar un cram down y la conformación de una empresa mixta con participación estatal mayoritaria".
"He advertido, señor Presidente, Señores Diputados, que durante todo este tiempo he mantenido silencio y he propiciado que la Justicia avance en el proceso concursal. Es que mis principios republicanos me dictan que no hay que entorpecer el accionar de la Justicia; que desde este Poder Legislativo estamos obligados a respetar la división de poderes, principio base y esencial de la República. Pero desde ese día lunes, he sentido la necesidad de realizar esta manifestación ante mis pares de este cuerpo, para expresarle mi más profunda preocupación ante esta situación", agregó la legisladora santafesina.
Los responsables deben ir presos, las deudas deben pagarse como ocurre con cualquiera de nosotros que contraemos algún tipo de deuda debemos abonarla, lo que también entendemos es que paralelamente a este proceso penal existen personas que viven de esto, existen personas que trabajan en nuestra zona."Nosotros entendemos que este cram down que están propiciando desde el gobierno nacional y desde el gobierno provincial, recordemos que en un primer momento esto fue disfrazado como un intento de expropiación y ahora como un cram down, debe respetar los procesos legales, si existe un acuerdo de acreedores el estado debe estar con ese acuerdo de acreedores, no tiene porqué el estado tener intervención en una empresa privada y menos pretender quedarse con esa empresa privada", explicó.
"Entendemos que desde la cámara de diputados nunca se puede propiciar un cram down, no solamente para Vicentín sino para ninguna empresa", reclamó en la entrevista con Vía Libre la abogada Espindola.
Más adelante la legisladora se planteo como el estado va a hacer para hacer funcionar una empresa con esos costos, "como va a hacer para generar esa confianza para que la gente venga a trabajar en una empresa o adhiera a los contratos de trabajo con una empresa estatal", se preguntó.
Dijo que ella apuesta a que la gente siga manteniendo sus puestos de trabajo, "tratar de generar el menor desequilibrio posible y hacer una reducción de daños, no sigamos fisgoneando desde sectores políticos partidarios este tipo de cuestiones que son sumamente peligrosas, cuando la gente se quede sin trabajo nos van a venir a reclamar y nosotros vamos a ser responsables si nos quedamos callados y si no salimos a manifestar cual es la realidad de la circunstancia", manifestó.
Los hechos planteados por la legisladora en el recinto de la cámara.
- La empresa Vicentin SAIC tiene una gran importancia no solamente para la región de donde provengo, sino en toda la geografía de la Provincia.
- Próximamente se cumplirán tres años del default de la empresa.
- Dada la importancia del proceso iniciado, el Juzgado interviniente ha tomado todas las precauciones para que el mismo se realizara en forma transparente y ajustada a Derecho. Me consta por mi formación académica, que el Juez actuante, además de cumplir acabadamente con sus funciones, ha dispuesto que, además de una Sindicatura Plural, actúen también los Comités de Acreedores, dos coadministradores, una Mesa Técnica donde participaron libremente la casi totalidad de los acreedores en la discusión y el acercamiento de las partes, en la búsqueda de una solución concursal acorde con la importancia del proceso.
- Con los controles citados, se ha conseguido que la empresa concursada haya podido, sin generar despidos de personal, abonar al día y todos los meses, los sueldos de empleados y obreros, el pago de los aportes y retenciones de leyes sociales, los impuestos y todas sus obligaciones, sin contraer endeudamiento post concursal. Lo cuál, a todas luces, es un logro que no se da en todos los procesos concursales.
- Así las cosas fueron transcurriendo y cumpliendo todas las etapas que están previstas en la ley 24.522, hasta que a instancias de un acreedor absolutamente minoritario ante la Corte de Justicia provincial, solicitó la figura del "avocamiento" por parte de la misma en el proceso concursal. Cuestión aún no resuelta.
- Como sabrán, la concursada ha acompañado en tiempo y forma más del 63% de las conformidades, que representan más del 72% del capital computable. Cumpliendo acabadamente y con creces lo previsto en la ley. Incluye entre estas conformidades una parte importante de los acreedores granarios y de servicios y la casi totalidad de los Bancos del Exterior. Debería entonces proclamarse la "existencia de acuerdo", prevista en el artículo 49 LCQ y posterior homologación.
- Propiciar el CRAM DOWN en este estado del proceso, constituye una actitud que, al menos desde este Poder Legislativo no se debe avalar. Es que teniendo la solución concursal prácticamente obtenida por la mayoría legal prevista, iniciar un proceso de estas características, es al menos desconocer los principios de la ley concursal, y también la realidad económica actual de nuestro país. No hay en la existencia de este Instituto del Cram Down ejemplos exitosos; muy por el contrario. Los que yo conozco terminaron en rotundos fracasos.
- Conociendo las previsiones de tiempo del proceso de Cram Down que obran en el expediente concursal, y atento a que llevará un tiempo no menos a un año y medio, las preguntas son:
- En ese ínterin, como se obtendrían los fondos para cubrir los sueldos y jornales, cargas sociales e impuestos durante todo ese tiempo? Las 7000 familias que giran alrededor de la actividad de Vicentín, esperarán que el Estado Nacional les otorgue un beneficio de un Plan Social? Esto al menos debería preverse con mucha antelación. No creo que esas familias estén satisfechas (habiendo percibido toda la vida buenos sueldos de convenio aceitero), y se conformen con un Plan Trabajar.
- Existe alguna propuesta concreta para la salida del cram down que algún interesado haya exteriorizado? Ninguna. Por el contrario, no han aparecido -ni aparecerán- interesados en el cram down de Vicentin, sencillamente porque hay que tener espaldas muy grandes para financiar los 500 Millones de dólares para el capital de trabajo, más 300 millones de dólares para equiparar la primera parte de la propuesta que ya ha obtenido conformidades abrumadoramente mayoritarias.
- Más aún: propiciar la conformación de una empresa mixta de participación estatal mayoritaria, donde el Estado Nacional deba aportar esas cantidades astronómicas (que en estos momentos superan el 15% de las supuestas reservas totales del BCRA) nunca ha superado la ambigüedad de la falta de definiciones concretas. Esos 800 millones de dólares: los pondrá el Estado Nacional? O pretenden que la Provincia desembolse ese importe? Téngase presente que tiene que tratarse de fondos frescos, para ser aplicados inmediatamente al giro de la empresa, y que las también ambiguas referencias a capitalización de deudas no sirven para que Vicentín continúe trabajando. De paso, pregunto: puede el Banco de la Nación capitalizar créditos? O eso está prohibido por su propio Estatuto? Me parece que en el estado de situación terminal que se encuentran las finanzas públicas, resulta al menos irresponsable, por no proferir un calificativo más contundente.
- Cómo va a abordar Vicentín la tremenda sequía que tenemos por delante? En el escenario actual, los tres interesados estratégicos asumen todos los costos fijos y variables de la empresa. Si pasamos a cram down, ese será riesgo de Vicentín. Con las consecuencias evidentes que eso provocará.
- Que dejemos actuar libremente a la Justicia, sin interferir en el trámite en curso, en la seguridad -confirmada por el Sr. Procurador General en su dictamen frente a la Corte Suprema de la Provincia- de que están dadas todas las garantías de un debido proceso.
- Que antes de propiciar "soluciones" cuya única fuente de inspiración sea trasladar el problema al erario público, seamos respetuosos de las soluciones que el sector privado ha encontrado de acuerdo a las normas vigentes, y por mayorías abrumadoras.
- Y que no olvidemos nunca que si pretendemos que la Justicia no interfiera en la actividad política, debemos ser respetuosos y propiciar que LA POLÍTICA NO INTERFIERA EN LOS PROCESOS JUDICIALES.
PROVEER DE CONFORMIDAD
SERÁ JUSTICIA
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