El funcionario judicial brindó una entrevista a Vía Libre para explicar su posición frente al tratamiento del concurso de acreedores de la empresa Vicentín. Señala que el máximo tribunal no puede convertirse en juez de comercio. Además considera "imposible" el per saltum sobre una decisión que aun no se ha tomado.
"Nosotros hemos pronunciado después de que se pronunciaron una serie de interesados, después de que se completó de alguna manera esa ronda de consulta acerca del pedido de avocación, nosotros el viernes pasado emitimos nuestro dictamen; que es un dictamen no vinculante, no es algo que obligue obviamente a los ministros de la corte", remarcó el funcionario.
Cabe recordar que la empresa Commodities, acreedora de Vicentin, no formó parte de las mayorías que avalaron la propuesta de pago en el marco del concurso de acreedores a cargo del juez Lorenzini. Y pidió el avocamiento de la Corte, que le solicitó el expediente al magistrado de Reconquista y aún debe definir si concede la medida.
Nosotros hacemos un doble conjunto de consideraciones, uno en relación al pedido de avocación, nosotros rechazamos el pedido de avocación, entendemos que tienen que seguir en la causa quien es su juez natural, por otro lado sugerimos a la corte que tomen una serie de medidas que nos parecen importantes en orden a garantizar la transparencia y que todo el mundo este por lo menos procesalmente conforme con el tramite que la justicia santafesina le dio a la causa.El dictamen no obliga al tribunal que preside Rafael Gutiérrez, que a su vez tampoco tiene un plazo procesal predeterminado para proceder. Barraguirre entiende que la Corte es un tribunal constitucional que no debe convertirse en un juez de comercio.
"Lo que decimos es que la avocación que está regulada, está prescrita, está incorporada al derecho administrativo de la provincia, la corte tiene atribución y poderes de avocarse en materia disciplinaria hacia el propio poder judicial; por otro lado la ley 11330 que regula el proceso contencioso administrativo, es decir básicamente los juicios contra el estado, en esos casos también hay una regulación de la avocación de la corte tanto en materia de competencia, como en materia de los conflictos en lo contencioso administrativo que tengan una trascendencia institucional", describió.
"En todas las causas comerciales el juez que tiene la competencia para reordenar los pasivos es el juez de comercio; si se cometió algún ilícito allí esta actuando el MPA correctamente, de acuerdo a sus acometidos y funciones esenciales; y ha solicitado algunas series de medidas a los jueces, lo que queremos mantener esas dos vías jurisdiccionales tal como están concebidas en la constitución y en la ley; son autónomas y no tienen que depender una de la otra, entonces lo que estamos diciendo que el acuerdo en buenos términos tiene que ser incondicional; no puede estar subordinado a lo que en definitiva después un juez penal que no ha tenido a la vista la causa comercial decida", remarcó Jorge Barraguirre.
"La preocupación nuestra es que esto se resuelva lo más rápido posible", añadió Barraguirre, haciendo referencia a su Dictamen. En esa línea el funcionario dijo que entiende la incertidumbre de los trabajadores; de la economía regional y de los acreedores, "nosotros decimos que el poder judicial se legitima a través de de la confianza que genera", señaló.
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