"Nosotros luego de terminar la investigación, se los imputó y previo a formular la acusación, y resolver el fiscal regional, había un planteo de la querella, finalmente se resolvió la acusación de las personas que fueron imputadas".
Estamos hablando de Ricardo Andrés Miceli, quien era jefe de zona de Vialidad en Reconquista, el segundo que es Wilfredo Miliciades Chapero que era subjefe, Miguel Ángel Firpo que era jefe de personal y Luis Roberto Quevedo quien era jefe de las sección 2 de secretaria.Más adelante en la entrevista concedida a Vía Libre radio, el fiscal de la causa sostuvo que "los delitos que se le atribuyen a estos funcionarios, son falsificación ideológica de instrumento público, nos estamos refiriendo a las planillas de viáticos, fraude en perjuicio de la administración publica, esto tiene que ver que gracias a la utilización de planillas de viáticos que no correspondían a la realidad, es decir invocaban haber realizado comisiones que eran inexistentes lograron obtener dinero de la administración publica", detalló.
En tal sentido el fiscal Marichal dijo que no se pudo precisar el monto que los empleados infieles de Vialidad Provincial se habían llevado con estas maniobras, "no se pudo determinar cuánto, porque no hubo por parte del estado una determinación concreta de cuánta plata", indicó el funcionario judicial cuando reprochó que estos empleados estatales lograron obtener dinero de la administración publica.
Además el representante del MPA le reprochó a los empleados de Vialidad Provincial Delegación Reconquista, Violación de los deberes de funcionarios públicos. Explicó que esta investigación realizada por el Ministerio Público de la Acusación abarca desde febrero de 2019, aunque también hay hechos del 2018, "se le atribuyeron fechas concretas que tienen que ver con esta maniobra que era invocar haber realizado comisiones de servicios a determinado lugar, lo cual no se correspondía a la realidad, es decir en la práctica estaban en Reconquista, pero invocaban estar en Santa Fe o en determinadas zonas de la provincia", subrayó el fiscal.
Consultado por la pruebas el fiscal Marichal indicó que la prueba fundamental que valoró el organismo de investigaciones era la geolocalización de los celulares y de las unidades, "es decir que si ellos invocaban de que utilizaban un auto concreto, ese auto en realidad no estaba donde debería estar, el GPS le daba que estaba por ejemplo en Reconquista y supuestamente debería estar en determinado lugar haciendo un determinado viaje, esa es una de las pruebas fundamentales que se utilizaron", reveló en Vía Libre el fiscal de la causa.
La Administración Provincial de Vialidad no es querellante en la causa
"Habría que preguntarle al jefe de Vialidad actualmente, se que hay una nueva administración, hay un gobierno distinto, pero bueno es una decisión que no puedo saber los motivos, tampoco es algo que estemos investigando porqué no quieren mantener una querella, así que básicamente se mantienen los querellantes que eran en su momento empleados de las sección Reconquista, un sindicato que había impulsado la investigación, tampoco el estado hizo una determinación del daño", remarcó el fiscal Marichal.
Además el representante del MPA manifestó que los trabajadores querellantes ofrecieron pruebas, "distinto tipo de documentación, pero se mandó para que hagan un análisis en el organismo de investigación del Ministerio Público de la Acusación, con sede en Santa Fe, que es una suerte de policía judicial", agregó el Dr. Marichal en la mañana de la radio.
En tal sentido dijo que este organismo pudo analizar las pruebas para poder establecer las inconsistencias concretas, "establecer que tal fecha esta persona debería estar en tal lugar, pero tales razones, es decir por la antena o por el registro de movilidad no estaban", reiteró, en esa misma línea contó que ahora se le pidió documentación a Vialidad Provincial que este organismo aportó, "es decir recibos de sueldo, planilla de movilidad, en base al cotejo de todo hemos podido avanzar en esta causa", describió.
El delito que se le atribuyó es falsificación ideológica de instrumento público, fraude en perjuicio de la administración pública, violación de los deberes de funcionario público a todos, se le atribuyó como co-autores al jefe y subjefe de zona y los otros como participes primarios.En cuanto a la condena solicitada dijo que para Ricardo Andrés Miceli pidió seis años de prisión, cinco años para Wilfredo Miliciades Chapero, tres años y seis meses para Luis Roberto Quevedo, mientras que para Luis Ángel Firpo pidió cuatro años de prisión, "esto obedece a los distintos roles que tuvieron, algunos fueron jefes, otros fueron simplemente funcionarios de segunda o tercera línea, por eso es distinta la pena que solicita", aclaró.
"Ahora falta la audiencia preliminar, se que corrieron traslado para que contesten la acusación y para que la querella pueda hacer su propia acusación y para que se fije una audiencia preliminar, donde se discute la acusación y las pruebas, esto es previo al juicio", explicó el representante del Ministerio Público de la Acusación.
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