"Dispuse el procesamiento de siete personas que habían sido detenidas, la mayoría de ellos con agravantes por la participación de tres o más personas y en un caso en particular que eran personas oriundas de Reconquista, domiciliados en el Barrio La Cortada, primero la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, doblemente agravada por la participación de tres o más personas, pero también por haberse cometido en inmediaciones de un establecimiento educativo", indicó el magistrado federal.
Hay un establecimiento educativo que esta sindicado como el lugar de venta de estupefacientes en la misma cuadra, lo cual agrava la figura del delito, también dispuse un embargo de medio millón de pesos sobre cada uno de los procesados, mantuve el secuestro sobre la totalidad de los bienes incautados.En tal sentido el magistrado recordó que se había secuestrado una importante cantidad de pesos, dólares y oro, "solicité el fiscal federal que está a cargo de la instrucción, que empiece a investigar la presunta comisión del delito de lavado de activos, de las personas que han sido procesadas", agregó el Dr. Aldo Alurralde.
Los detalles del procesamiento.
Con fecha de 18 de Agosto de 2022 el Juez Federal de Reconquista, Dr .Aldo Mario Alurralde dispuso el procesamiento con prisión preventiva de 7 personas por narcotráfico. La causa comenzó a fines del año pasado y culmino con 9 allanamientos dispuestos por el magistrado en las ciudades de Reconquista, Santa Fe, Santo Tome, San Justo, San Javier, Romang, Videla y Naré.
Entre los elementos secuestrados se destaca el hallazgo de Marihuana, Cocaína, 57 teléfonos celulares, armas de fuego y municiones de diverso calibre, 5 balanzas de precisión, automotores, motos, computadoras, notebooks, $ 2.593.560, USD 379.686, 8 chips de oro puro con su respectiva certificación de validez entre otros elementos de interés para la causa
Cabe mencionar que, la misma fue apodada por la fuerza policial actuante como "operativo Turf" atento a que desde el comienzo de las tareas de investigación se logró establecer que las maniobras ilícitas llevadas a cabo por los investigados, se ejecutarían en el marco de actividades vinculadas a la cría y entrenamiento de caballos de carrera, como también durante la realización de dichas carreras.
Las tareas de investigación fueron llevadas adelante, previa autorización judicial, por personal de la DICRIM Región III de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía de Santa Fe y por personal del Organismo de Investigaciones del Ministerio Publico de la Acusación de Santa Fe, todas bajo la dirección de la Fiscalía Federal de Reconquista. Las mismas consistieron en observaciones, registros fotográficos, fílmicos y telefónicos, búsquedas en diferentes bases de datos de organismos oficiales, en redes sociales, instalación de un dispositivo de video vigilancia frente al domicilio de uno de los investigados, instalación de dispositivos GPS en el vehículo de uso habitual de algunos de los investigados, entre otras; por lo que lo q ue, conforme con los resultados obtenidos yanalizados de forma entrecruzada, permitieron colectar numerosos elementos probatorios para la causa.
Los procesados con prisión preventiva son:
DUILIO UBALDO REPETTO, D.N.I. Nº 20.398.097; MARCELO MATIAS VEGA, D.N.I. Nº 32.979.189; y ANGEL CECILIO MENDOZA, D.N.I. Nº 17.857.630; a quienes se los encontró autores penalmente responsables de los delitos previsto en el art. 5° inc. c), con la agravante del art. 11 inc. c) de la Ley 23.737 es decir Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la participación de tres o más personas organizadas para cometerlo.
GUSTAVO HERNAN ROMERO, D.N.I. Nº 35.454.287; RAUL ALBERTO ROMERO, D.N.I. N° 14.974.849; VICTORIO FELIX ORTIZ, D.N.I. Nº 32.140.591; y GUSTAVO DANIEL FARÍAS, D.N.I. Nº 22.952.040; por encontrarlos autores penalmente responsables del delito previsto en el art. 5° inc. c), con doble agravante es decir tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravado por la participación de tres o más personas organizadas para cometerlo y por haberlo cometido en las inmediaciones de un establecimiento educativo ( art. 11 inc. c) e inc. e) de la Ley 23.737).
Asimismo, el magistrado dispuso el embargo de bienes hasta cubrir la suma de quinientosmil pesos ($ 500.000)por cada uno de ellos y mantener el secuestro oportunamente dispuesto sobre la totalidad de los bienes incautados en autos por entender que los mismos se encuentran vinculados a los delitos por los cuales se dictó el procesamiento y por lo tanto sujeto a decomiso y/ o pueden servir como medios de prueba (art. 231 CPPN).
LAVADO DE ACTIVOS PRODUCTO DEL NARCOTRÁFICO.
Renglón aparte merece destacar que en su procesamiento el Dr.Alurralde requirió al Fiscal Federal de Reconquista que proceda a investigar en la causa lapresunta comisión del delito de lavado de activos por entender que frente a la logística y bienes que fueron secuestrados por el magistrado y estarían siendo utilizados para la comisión de las figuras delictivas imputadas ( dos millones seiscientos treinta y cinco mil setecientos treinta pesos moneda nacional en efectivo ($2.635.730); trescientos setenta y nueve mil setecientos seis dólares estadounidenses (u$d 379.706,); ocho (8) trozos de metal símil oro con sus respectivos certificados de validez; más de medio centenar de teléfonos celulares; automóviles y motocicletas identificadas en la causa; armas de fuego y municiones de alto calibre, etc.).
Para fundamentarlo tal pedido entiende el Dr. Alurralde que, desde la reforma constitucional del año 1994 y por la aplicación del art. 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, se estableció que las normas emanadas de las convenciones internacionales ratificadas por el país tienen jerarquía superior a las leyes de la Nación. En esas condiciones, el Congreso de la Nación ha aprobado varios instrumentos internacionales en materia de lucha contra la corrupción suscriptos por el Estado, y por ello los órganos estatales se encuentran obligado a dar cumplimiento a todas las cláusulas en aquellos instrumentos, entre los que se enuncian ―Convención Interamericana contra la Corrupción firmada el 29 de marzo de 1996, incorporada a nuestro ordenamiento interno por la ley 24.759, promulgada el 13 de enero de 1997 y publicada en el Boletín Oficial el 17 de enero de 1997; la ―Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción en diciembre de 2003, cuyo fin es la promoción y el fortalecimiento de las medidas preventivas facilitando la cooperación internacional de recuperar los activos provenientes de los actos ilícitos. Claramente los instrumentos convencionales mancomunadamente procuran que las personas no se vean beneficiados por los activos que obtuvieron por la actividad ilícita y que la situación se reestablezca, no solamente condenando a los responsables del hecho ilícito sino además recuperando el dinero que fue afectado por hechos ilícitos.
Los postulados legales referenciados, sostiene el juez, encuentran actualmente un claro respaldo en la creciente normativa internacional dictada en la materia. En tal sentido 4ta recomendación del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), del cual Argentina es miembro pleno, dispone que los países deben adoptar medidas similares a las establecidas en la Convención de Viena, la Convención de Palermo y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, incluyendo medidas legislativas, que permitan a sus autoridades competentes congelar o incautar y decomisar lo siguiente, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe, entre otros,: (a) bienes lavados,(b) producto de, o instrumentos utilizados en, o destinados al uso en, delitos de lavado de activos o delitos determinantes agregando que los países deben considerar la adopción de medidas que permitan que tales productos o instrumentos sean decomisados sin que se requiera de una condena penal (decomiso sin condena), o que exijan que el imputado demuestre el origen lícito de los bienes en cuestión que están sujetos a decomiso
Los secuestros de la causa.
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