En 2020, y con el objetivo de moderar los efectos de la pandemia de Coronavirus, se sancionó el impuesto llamado "Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas" que alcanza a patrimonios superiores a los $200 millones. Entre ellos, se vio afectado el ex futbolista reconquistense Gabriel Batistuta, quien se negó a pagarlo.
Desde entonces comenzó una guerra judicial con la AFIP y los tribunales. Se extiende hasta la actualidad. De manera tal que, estos días, fue embargado por más de 71 millones de pesos.
En primera instancia, el juez Alurralde explicó que se trata de una deuda, no de evasión ni delito fiscal. Lo que se hizo con el ex futbolista fue una medida cautelar mientras se liquida el monto total y verdadero. "Es un certificado de deuda presunta que inicia la AFIP e ingresa a este juzgado como título de deuda. En virtud del artículo 111 de la Ley de procedimiento tributario Nacional está autorizada, bajo su responsabilidad, a requerir el embargo mientras se determina el monto del tributo. En virtud de eso, dispuse el embargo preventivo por 71.096.882 pesos y en concepto de capital e intereses presupuestados. Todo provisoriamente", precisó el juez.
Batistuta había apelado, pero la cámara rechazó. Al respecto, Alurralde dijo que: "La primera medida que había intentado es una cautelar preventiva porque la AFIP no inicia este tipo de acciones. En este caso, no le hice lugar, analicé tres elementos. La cámara confirmó mi decisión planteando la inconstitucionalidad de este atributo".
Asimismo, agregó que: "La AFIP, mientras determina el total de la deuda, hace una medida de aseguramiento y emite un certificado de deuda. Se llama ‘deuda presunta’, es decir, la deuda todavía no ha sido liquidada en su monto exacto."
Además, no es la medida final ni el futbolista deberá pagar esa cantidad de pesos. Todavía se está debatiendo. "Esto se encuentra en discusión. Estamos en la etapa procesal de la prueba y las pericias técnicas. Todavía no ha pasado a fallo, es una cuestión que requiere toda una carga probatoria especial porque lo que se plantea es la inconstitucionalidad", finalizó Alurralde.