El diputado provincial Dionisio Scarpín explicó los alcances del paquete de iniciativas enviado por el gobernador Maximiliano Pullaro a la Legislatura. Dos medidas tuvieron aprobación y otras quedaron pendientes para la próxima semana. Entre los cambios propuestos mencionó allanamientos con autorización fiscal, controles para detectar celulares robados, un régimen especial para presos de alto perfil y la creación de una defensoría especializada para policías. El diputado provincial Dionisio Scarpín se refirió en una entrevista brindada a nuestro programa radial al paquete de leyes impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro para profundizar las políticas de seguridad en Santa Fe y brindar nuevas herramientas a las fuerzas policiales y al Ministerio Público de la Acusación (MPA).
El legislador explicó que las iniciativas buscan acelerar los procedimientos de investigación, combatir distintas modalidades delictivas y modificar lo que definió como un paradigma que durante décadas priorizó los derechos de los delincuentes por encima de los de las víctimas.
"Lo que queremos es dar vuelta la página y que tengan más derechos las víctimas que los delincuentes", sostuvo Scarpín, al defender las medidas impulsadas por el Ejecutivo provincial. El diputado recordó que durante 2024 se implementó un primer paquete de reformas en materia de seguridad y consideró que las políticas adoptadas demostraron resultados positivos. Sin embargo, advirtió que las organizaciones criminales también se reorganizan y que el Estado necesita actualizar sus herramientas para responder con mayor rapidez. Entre las iniciativas que tuvieron aprobación legislativa, Scarpín destacó las herramientas destinadas a combatir el robo de teléfonos celulares, un delito que, según explicó, suele estar relacionado con otras actividades delictivas.
Una de las medidas permitirá que, cuando una víctima pueda identificar mediante la tecnología la ubicación exacta de su teléfono robado, la Policía pueda realizar un allanamiento con autorización del fiscal, sin necesidad de contar previamente con una orden judicial. Posteriormente, los procedimientos serán sometidos a los controles correspondientes.Otra disposición establece la creación de un registro de celulares robados y la obligación de que los comercios dedicados a la compra y venta de teléfonos usados se inscriban y verifiquen la identificación de cada dispositivo antes de adquirirlo. "Cada celular tiene un número que lo identifica, como lo tiene un auto o una moto. Si tenés un negocio y comprás un celular usado, tenés que mirar ese número y consultar el registro para saber si tiene una denuncia de robo", desarrollo el exintendente de Avellaneda.
Además, la Policía estará habilitada para solicitar a las personas que exhiban el número de identificación de sus teléfonos, sin necesidad de tomar el dispositivo. Los agentes podrán consultar desde sus propios equipos si ese aparato registra una denuncia por robo. "Lo que se quiere con esto es cortar ese circuito que hoy es tan importante del robo de celulares, tanto en las grandes ciudades como en las nuestras", puntualizó.
Otra de las iniciativas aprobadas contempla la creación de una defensoría especializada para atender a los efectivos policiales que enfrenten procesos judiciales por situaciones ocurridas en el marco de su trabajo. Scarpín describió que actualmente muchos policías encuentran dificultades para acceder a una defensa legal, ya sea porque no cuentan con recursos económicos para contratar abogados particulares o porque los defensores públicos no siempre toman este tipo de casos. "Se va a crear una defensoría especializada para atender este tipo de situaciones. Eso es para reforzar también las fuerzas policiales", indicó.
El legislador también detalló otras propuestas que forman parte del paquete enviado por el gobernador y que quedaron pendientes de tratamiento legislativo. Entre ellas mencionó la posibilidad de realizar allanamientos con autorización fiscal ante determinadas situaciones de urgencia. Como ejemplo, planteó los casos en los que, durante un control vehicular, la Policía detecte armas largas, explosivos u otros elementos de peligrosidad y necesite intervenir rápidamente en el domicilio de una persona. También se propone establecer un régimen agravado para presos de alto perfil cuando existan sospechas fundadas de que continúan organizando delitos desde las cárceles. Ese régimen podría contemplar aislamiento, suspensión de visitas y retiro de determinados artículos de ocio, con el objetivo de interrumpir las comunicaciones con el exterior y evitar que se sigan coordinando actividades criminales. "Está comprobado que hay delitos que se producen desde las cárceles. Se ha cortado mucho desde que asumió Pullaro, pero muchas veces siguen apareciendo", manifestó.
Otra herramienta sería ampliar el sistema de recompensas para que no solamente se utilice para investigar delitos ya cometidos, sino también para obtener información que permita anticiparse a la comisión de hechos delictivos. A su vez, se propone habilitar la intervención rápida de inmuebles abandonados cuando sean utilizados para cometer delitos, estén usurpados o representen un peligro para la salubridad. En esos casos, se busca permitir el desalojo y el posterior cerramiento del lugar, con revisión judicial posterior.
Scarpín también se refirió a la creación de zonas de intervención especial, una de las propuestas que consideró relevantes para recuperar el orden en barrios afectados por la presencia de bandas delictivas. Explicó que el Ministerio de Seguridad podría determinar este tipo de intervenciones cuando existan sectores donde las organizaciones criminales condicionen la vida cotidiana de los vecinos, impidan la circulación, cobren peajes o comercialicen drogas en la vía pública. "Se entra con todo, se patrulla, se pide documentación, se prohíbe el consumo de alcohol en la vía pública. Son un montón de medidas que se aplican durante un tiempo especial para normalizar ese barrio", mencionó.
Asimismo, defendió otra modificación vinculada con la posibilidad de utilizar durante los juicios la información obtenida por policías y fiscales en el lugar de un hecho delictivo, durante las primeras actuaciones. Reconoció que esta propuesta generó cuestionamientos, pero sostuvo que es importante preservar la información recogida en el primer momento de una investigación. Aclaró que, si una persona manifiesta que no quiere declarar y solicita la presencia de un abogado, la conversación debe finalizar.
Consultado sobre las diferencias que existen dentro del frente Unidos para Cambiar Santa Fe respecto de algunas de las iniciativas, Scarpín reconoció que hay posiciones distintas entre los sectores que integran el espacio político. "Nosotros queremos aprobar todas las medidas que nos pide Pullaro y, por ahí, por cuestiones ideológicas o de otro tipo, hay algunos diputados que no lo quieren hacer", comentó.
En ese sentido, señaló que buscarán alcanzar acuerdos entre radicales y socialistas para avanzar con la mayor cantidad posible de herramientas legislativas. De no conseguir consensos sobre la totalidad del paquete, intentarán aprobar aquellas iniciativas que reúnan las mayorías necesarias. No obstante, el diputado consideró que varias de estas propuestas responden a una demanda social y no solamente a una iniciativa del gobernador.
"La sociedad está podrida de ver la puerta giratoria, que entrás por un lado y salís por el otro", cuestionó. También sostuvo que, al observar los antecedentes policiales, se advierte que una parte importante de los delitos tiene como protagonistas a personas con reiterados antecedentes.
"Tenemos que pensar en que la gente pueda salir de su casa y volver en paz, que el estudiante pueda ir a estudiar y regresar tranquilo. No podemos pensar en otra cosa", agregó. En esa línea, cuestionó lo que denominó el paradigma garantista y planteó la necesidad de priorizar los derechos de las víctimas, aunque aclaró que las reformas deben implementarse sin vulnerar garantías constitucionales.
Finalmente, Scarpín hizo referencia a la política de seguridad provincial y a las diferencias entre la realidad de Rosario y la del norte de Santa Fe. Destacó que, antes de la asunción de Pullaro, existía preocupación por la expansión de organizaciones criminales hacia otras ciudades, como Rafaela y Venado Tuerto, y advirtió que Reconquista tampoco estaba ajena a ese riesgo. "Para que esas bandas llegaran acá faltaba muy poco. Y una vez que se instalan, es muy difícil sacarlas", añadió.
El legislador consideró que la intervención provincial en Rosario permitió modificar el escenario de seguridad en esa ciudad, con un trabajo que definió como más profesionalizado, aunque reconoció que todavía quedan numerosas cuestiones por resolver. En ese contexto, insistió en que los representantes del norte santafesino deben continuar reclamando las respuestas que necesita la región.
"En Rosario se vive otra realidad, pero en el norte todavía faltan un montón de cosas, y en Rosario también faltan muchas. Hay que darle al Gobierno las herramientas para normalizar esta situación y que lo que vivimos hoy no sea lo normal, sino que vayamos a otra normalidad que nos permita vivir tranquilos", concluyó.