La situación de Algodonera Avellaneda atraviesa una nueva etapa judicial tras la declaración de quiebra con continuidad de la explotación. En una entrevista, el abogado de la Asociación Obrera Textil, Dr. Mauro Casella, brindó detalles del informe presentado por la sindicatura, la cantidad de trabajadores que permanecen en actividad y las gestiones que se llevan adelante para resguardar los derechos laborales.
Según precisó el letrado en una entrevista brindada a nuestro programa radial actualmente hay 243 trabajadores distribuidos entre la hilandería y las dos desmotadoras de la empresa. El informe de la sindicatura también describe las primeras medidas adoptadas luego de la quiebra, entre ellas el relevamiento de las distintas explotaciones y la incautación de bienes, instalaciones, libros y documentación. Casella comentó que el proceso contempla un plan operativo transitorio para sostener el funcionamiento de la firma. El objetivo de esta modalidad es mantener la actividad mientras se avanza hacia una eventual venta de la empresa en funcionamiento.
En ese sentido, indicó que tanto Insumo 21 Sociedad Anónima como Sir Cotton Sociedad Anónima ratificaron su decisión de continuar brindando apoyo operativo durante esta etapa, por lo que, según lo informado, las actividades seguirán desarrollándose como hasta el momento. Uno de los principales reclamos de la representación gremial está relacionado con los aproximadamente 100 trabajadores que quedaron fuera de la actividad. Casella consideró que, ante la escasa posibilidad de que puedan reincorporarse en esta etapa, debería concretarse su baja formal de la empresa.
El abogado explicó que la falta de desvinculación administrativa representa un obstáculo para iniciar los trámites correspondientes al fondo de desempleo, ya que los trabajadores continúan figurando como dependientes de Algodonera Avellaneda pese a no estar prestando servicios."Al no haber posibilidad de reingreso, que lo vemos prácticamente imposible, ya se tendría que dar esa baja para poder gestionar esos planes", sostuvo.
Paralelamente, la Asociación Obrera Textil debe avanzar con la verificación de los créditos laborales dentro del expediente judicial. El plazo informado para realizar estas presentaciones vence el 3 de diciembre , aunque, según Casella, todavía se aguardaba que la sindicatura definiera el mecanismo para presentar la documentación. El procedimiento permitirá acreditar formalmente las deudas que la empresa mantiene con cada trabajador y, en función de los fondos que ingresen al proceso, gestionar el cobro de las indemnizaciones o de una parte de ellas. Otro de los puntos centrales es la posibilidad de generar recursos mediante la venta o el alquiler de bienes de la empresa que se encuentran ociosos o abandonados.
Casella puntualizó que el juzgado habilitó la preinscripción en un registro de interesados en adquirir esos bienes. Aclaró que, por el momento, la medida no comprende necesariamente la venta integral de la empresa, sino que apunta a activos que no están siendo utilizados y que podrían generar ingresos para afrontar las obligaciones pendientes. Entre esos bienes mencionó un inmueble ubicado en Buenos Aires, cuya venta ya había sido analizada durante la etapa del concurso preventivo. Según recordó, en aquel momento se manejaba una cotización de alrededor de 1,7 millones de dólares como base, frente a un valor de mercado que rondaba los cuatro millones de dólares.
La diferencia estaría relacionada, entre otros factores, con las medidas cautelares que pesan sobre el inmueble, vinculado a causas judiciales. El abogado indicó que se solicitó el levantamiento de esas restricciones, aunque la resolución dependerá del avance de los procedimientos correspondientes. Respecto del destino del dinero que pudiera obtenerse, Casella remarcó que la prioridad de la representación gremial es que los trabajadores puedan cobrar las deudas salariales e indemnizaciones.
Recordó que, durante el concurso preventivo, los acreedores —incluido el Banco Nación— habían aceptado que, si se concretaba la venta del inmueble, los fondos se destinaran principalmente a cancelar las deudas salariales. "Nosotros queremos que se sostenga obviamente ese acuerdo, por la especial situación de los trabajadores, que en este momento son los más perjudicados", manifestó.
No obstante, aclaró que la distribución definitiva de los recursos deberá contemplar también a los demás acreedores. En particular, mencionó que el Banco Nación cuenta con una garantía hipotecaria sobre la planta de la hilandería en Reconquista, lo que constituye un elemento relevante en el orden de cobro.
Durante la entrevista también se planteó la preocupación por la posibilidad de que la hilandería se quede sin suministro eléctrico a partir del 6 de noviembre por falta de pago. Casella reconoció que, si se concreta esa situación, la continuidad de la actividad podría verse seriamente comprometida. Sin embargo, señaló que los síndicos asumieron recientemente el control de la empresa y que todavía no se cuenta con información completa sobre los ingresos disponibles para afrontar los gastos operativos y salariales."Esperemos que tengan los recursos necesarios como para pagar la luz", expresó.
El abogado también destacó que, de acuerdo con el informe presentado por la sindicatura, se abonó la segunda cuota de un acuerdo relacionado con aguinaldos adeudados a los trabajadores que continúan en actividad. Ese cumplimiento constituye una señal dentro del proceso, aunque Casella advirtió que la posibilidad de sostener las obligaciones dependerá de los fondos con los que cuente la administración judicial.
La continuidad de Algodonera Avellaneda, la situación de los trabajadores que quedaron fuera de la actividad y la generación de recursos para afrontar las deudas constituyen, de esta manera, los principales desafíos de esta nueva etapa judicial.