La Justicia Federal en Reconquista condenó, mediante un acuerdo pleno, a cuatro hombres y a una firma vinculada a la venta de repuestos para autos y motos con sede principal en Resistencia, por delitos de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos. La resolución fue dictada por el juez federal Dr. Aldo Mario Alurralde, en una causa investigada por la Sede Fiscal Descentralizada Reconquista.
Según informó Noticiero 9, la investigación estuvo a cargo del fiscal federal de Reconquista, Dr. Roberto Salum, con intervención del fiscal coadyuvante de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Juan Argibay Molina.
Según la investigación, los condenados realizaban operaciones clandestinas de compra y venta de moneda extranjera utilizando pesos, dólares, reales y guaraníes, sin contar con autorización del Banco Central. Además, fijaban distintas cotizaciones según el tipo de billete y utilizaban como oficina un lugar que no estaba declarado formalmente.
Las penas alcanzaron a Pablo Mauricio Tascón, administrador titular de NEAPARTS S.A.S., quien recibió una condena unificada de tres años de prisión de cumplimiento efectivo, tras unificarse con una pena anterior de dos años dictada en noviembre de 2023.
Marcos Sebastián Ferrero, titular del 50% del capital social y encargado operativo del depósito, fue condenado a un año de prisión de ejecución condicional, mientras que Fernando Emanuel Viñuela, quien conducía uno de los vehículos utilizados en la maniobra, recibió una pena de un año de prisión condicional. En tanto, Christian Emmanuel Froy fue condenado a dos años de prisión por lavado de activos por receptación intermedia, al ser considerado parte de la estructura que coordinaba la logística y supervisaba los viajes.
La empresa NEAPARTS S.A.S. también fue condenada como persona jurídica por los delitos investigados.
Además, cada condenado y la firma deberán afrontar una multa de $178.605.000, lo que representa un total de $893.025.000, en 24 cuotas mensuales actualizadas por inflación. La Justicia también ordenó el decomiso del vehículo utilizado, de los $357.210.000 secuestrados durante la investigación y de los elementos empleados para cometer los delitos.
De acuerdo con lo informado por dicho medio, el Ministerio Público Fiscal estimó que, entre multas y decomisos, el monto supera los $1.000 millones. Para establecer las penas, se tuvo en cuenta el volumen económico de la maniobra y la existencia de una organización estable, jerárquica y con permanencia en el tiempo.
La causa había comenzado el 28 de marzo de 2025, cuando efectivos de Gendarmería Nacional realizaron un control sobre la Ruta Nacional 11, en el paraje El Timbó, al norte de Avellaneda.
En ese operativo, los agentes detuvieron un Toyota Corolla Cross que circulaba desde Resistencia hacia Reconquista y, tras detectar plásticos manipulados en el vehículo, hallaron dinero oculto en distintos sectores, entre ellos el tablero, el sistema de aire acondicionado, la gaveta y el equipo de audio.
La investigación posterior permitió reconstruir viajes frecuentes con dinero entre Resistencia y Buenos Aires, con una periodicidad cercana a las 48 horas. Según la fiscalía, ese movimiento resultaba incompatible con la actividad comercial declarada por la empresa, dedicada a la venta de repuestos.
Habló Aldo Alurralde en Vía Libre
En entrevista con Vía Libre, el juez federal Dr. Aldo Alurralde brindó precisiones sobre el fallo que marcó un precedente en la justicia provincial tras el secuestro de una millonaria suma de dinero en efectivo en el paraje El Timbó: "Fue la primera vez que se aplica una condena en la provincia a una persona jurídica desde que está vigente el sistema acusatorio", remarcó el magistrado.
El Dr. Alurralde explicó cómo se desencadenó el procedimiento en la Ruta 11: "Se detuvo un rodado donde se observó el torpedo en forma irregular, lo cual despertó la sospecha del personal de Gendarmería Nacional. Una vez que se procedió a la requisa, se encontró que estaba trasladando 357.110.000 pesos".
Aunque el conductor presentó una autorización emitida por una empresa para el traslado de los fondos, la indagación posterior encendió las alarmas. "Se observó que la firma se dedicaba a la venta de repuestos de motos; era incompatible ese monto con un traslado comercial habitual. Ninguna firma traslada ese dinero en efectivo de esa manera", sostuvo el juez.
La investigación determinó que el imputado realizaba viajes entre Resistencia y Buenos Aires cada 48 horas. Además, las pericias telefónicas revelaron que la organización modificó sus trayectos luego de un operativo previo en Chajarí (Entre Ríos): "Se pudo saber que habían elegido esta otra ruta en virtud de que en la anterior ya habían tenido problemas. Se entendió que se utilizaba la firma para darle una cobertura formal, lo que constituye lavado de activos por recepción intermedia e intermediación financiera no autorizada".
Respecto a la resolución de la causa, Alurralde confirmó que homologó un acuerdo alcanzado entre las partes que fijó penas de 1 a 3 años de prisión, multas de 178.605.000 pesos para cada uno de los involucrados, y el decomiso del dinero junto al vehículo Toyota utilizado. Por otro lado, precisó: "En total hubo un recupero para el Estado respecto de bienes procedentes del delito de 714.420.000 pesos en efectivo, es decir, aproximadamente unos 500.000 dólares".
Sobre el destino de los fondos recuperados, el magistrado concluyó: "La fuerza hace el depósito bancario inmediatamente a la orden de la causa judicial y luego se realiza la transferencia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que cuenta con una cuenta destinada a bienes obtenidos mediante secuestros o actividades delictivas para destinarlo a sus propios recursos".
Por último, destacó el rol de los controles federales en las rutas: "Un control en la localidad de Chajarí muy efectivo hizo que estas personas tengan que buscar rutas alternativas y, en este caso, se encontraron con otro control que ha sido muy efectivo de la Policía Nacional en paraje El Timbó."