El diputado provincial Emiliano Peralta explicó los principales cambios que impulsa el Gobierno santafesino en materia de investigación penal y advirtió sobre los riesgos de ampliar las facultades policiales sin suficientes controles. Sostuvo que todavía no existe consenso para aprobar el paquete legislativo, aunque afirmó que hay acuerdo entre los bloques para fortalecer la seguridad pública.
El diputado provincial Emiliano Peralta analizó los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo de Santa Fe para modificar aspectos del sistema de investigación penal. En diálogo con nuestro programa radial, explicó los principales puntos de la iniciativa, cuestionó algunos artículos por considerar que podrían afectar garantías constitucionales y anticipó que la Legislatura continuará trabajando para alcanzar un acuerdo antes de fin de año.
El legislador aclaró que el proyecto ingresó en mayo y que, si bien busca fortalecer las herramientas de investigación, no está centrado específicamente en terminar con la denominada "puerta giratoria". Entre las modificaciones propuestas se encuentran nuevas excepciones al requisito de una orden judicial para determinados allanamientos, la posibilidad de realizar juicios en ausencia del imputado y cambios en los criterios de admisión de pruebas obtenidas de manera irregular.
Allanamientos sin orden judicial y control posterior
Uno de los puntos abordados por Peralta es la posibilidad de que las fuerzas de seguridad puedan detener a una persona que, durante una persecución, ingresa a un inmueble sin necesidad de contar previamente con una orden de allanamiento, bajo determinados supuestos.
Según explicó, la modificación implicaría que el control judicial sobre la legalidad de la medida se realice posteriormente, en lugar de ser previo como ocurre actualmente.
El diputado señaló que este tipo de cambios requiere especial atención porque el domicilio constituye uno de los principales espacios de intimidad de las personas. En ese sentido, advirtió sobre las consecuencias de permitir que la Policía ingrese a una vivienda y obtenga elementos que puedan incriminar a alguien sin la correspondiente autorización judicial.
"También hay que contemplar las garantías constitucionales", remarcó, al plantear la necesidad de encontrar un equilibrio entre las herramientas que necesita el Estado para investigar delitos y los derechos que protege la Constitución.
Juicios en ausencia y pruebas obtenidas ilegalmente
Otro de los cambios previstos apunta a habilitar los juicios en rebeldía , es decir, procesos que puedan desarrollarse sin la presencia del imputado cuando este no comparece o permanece prófugo.
Peralta explicó que, en el ámbito nacional, existe una previsión para determinados delitos específicos, como los vinculados con crímenes de lesa humanidad, terrorismo y otros contemplados en el Estatuto de Roma. En cambio, la iniciativa santafesina busca ampliar esa posibilidad a cualquier delito, siempre bajo las condiciones que establezca la legislación.
El proyecto también propone modificar los criterios para determinar cuándo una prueba puede ser admitida en un proceso penal, incluso si fue obtenida inicialmente por una vía irregular, cuando se considere que podría haberse conseguido por un medio legal.
Sobre este punto, el legislador expresó sus reparos y advirtió que una flexibilización de las reglas podría abrir la puerta a abusos. "Me parece que hay que rever algunas cosas, pero también la Constitución por algo tiene las garantías que tiene", sostuvo.
"Ese último artículo ya es inaceptable"
La principal objeción de Peralta está dirigida a un artículo que busca ampliar las facultades policiales dentro de determinadas zonas de intervención, consideradas conflictivas.
Según detalló, la propuesta contempla mayores atribuciones para realizar allanamientos generales o particulares y establecer restricciones vinculadas con los horarios de circulación y el ingreso o egreso de personas en esos sectores.
"Para nosotros este último inciso ya es inaceptable", afirmó el diputado, al considerar que dejar esas decisiones en manos de la Policía podría generar situaciones de abuso de autoridad e incluso hechos de corrupción.
Las observaciones fueron planteadas durante una reunión en la que participaron integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y funcionarios del Ministerio Público de la Defensa. Peralta destacó que las objeciones de los operadores del sistema deben ser tenidas en cuenta para evitar que una eventual reforma termine siendo declarada inconstitucional.
En ese marco, mencionó la postura crítica que expresaron integrantes de la Corte y la defensora pública Estela Moreno Robinson durante el encuentro.
Seguridad y garantías constitucionales
Consultado sobre la preocupación social por la reiteración de delitos y la percepción de que la Justicia es demasiado permisiva, Peralta señaló que las herramientas legales vigentes ya permiten actuar en determinados casos.
Como ejemplo, mencionó la ley de reiterancia delictiva y la normativa sobre imputabilidad de menores, aunque aclaró que no conocía en profundidad el caso particular de un adolescente al que se había hecho referencia durante la entrevista.
Para el legislador, el debate no debe reducirse a una disputa entre posiciones garantistas y punitivistas, sino que debe buscar una respuesta que permita mejorar la seguridad sin vulnerar derechos.
"Tenemos que encontrar un punto medio", expresó. En esa línea, aseguró que desde su sector están dispuestos a acompañar medidas que fortalezcan la investigación penal, siempre que respeten el marco constitucional.
Sin consenso, pero con la intención de aprobar el paquete antes de fin de año
Peralta explicó que el proyecto todavía no cuenta con el consenso necesario para avanzar y que las comisiones de Seguridad y de Asuntos Constitucionales continúan trabajando sobre los textos.
También señaló que dentro del oficialismo existen distintas posiciones frente a algunas de las modificaciones, especialmente respecto del endurecimiento de los procedimientos y las reglas para obtener y admitir pruebas.
Sin embargo, consideró que existe una coincidencia general entre los bloques sobre la necesidad de brindar más herramientas al Estado frente a la inseguridad.
"Todos los bloques estamos en más o en menos a favor de fortalecer la seguridad pública", resumió.
El diputado estimó que, una vez incorporadas las observaciones y ordenados los textos, la Legislatura podría aprobar el paquete de leyes antes de finalizar el año.
"Vamos a sacar una ley que dé herramientas más fuertes en seguridad, eso sin duda", aseguró, y planteó que el desafío es evitar que las modificaciones generen nuevos conflictos judiciales por posibles inconstitucionalidades.
Finalmente, sostuvo que los distintos actores del sistema deben asumir su responsabilidad y trabajar de manera coordinada para dar respuestas concretas a la ciudadanía, sin trasladar las responsabilidades entre la Policía, los fiscales, los jueces y los legisladores.