El abogado de la Asociación Obrera Textil, Dr. Mauro Casella, explicó que el próximo paso judicial sería la quiebra, aunque existe la posibilidad de que la empresa continúe funcionando. Advirtió que hay alrededor de 100 trabajadores que no volvieron a sus puestos desde septiembre de 2025 y que no perciben salarios desde diciembre de ese año. El fracaso del proceso de cramdown de Algodonera Avellaneda, luego de que ningún interesado se inscribiera para presentar una propuesta, abrió una nueva etapa de incertidumbre sobre el futuro de la empresa y de sus trabajadores. En una entrevista, el abogado de la Asociación Obrera Textil, Dr. Mauro Casella, sostuvo en una entrevista brindada a nuestro programa radial que el escenario judicial podría derivar en la quiebra, aunque no descartó que se autorice la continuidad de la explotación de la planta.
El período de inscripción para el procedimiento estuvo abierto entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre, pero no se presentaron oferentes. Según explicó Casella, ante esta situación, el paso que establece la legislación es avanzar hacia la quiebra, aunque las características que adopte la decisión dependerán del estado de la empresa y de las evaluaciones que realice la Justicia."Lo que sigue, de acuerdo a lo que indica la ley, es la quiebra", señaló el letrado, quien aclaró que esto no significa necesariamente que la fábrica deba cerrar sus puertas de manera definitiva.
Una de las alternativas que se analiza es la continuidad de la explotación de Algodonera Avellaneda dentro de un eventual proceso de quiebra. La posibilidad cobra relevancia porque la empresa continúa funcionando, aunque con una cantidad reducida de trabajadores. Casella describió que, si se cumplen los requisitos legales, el síndico podría considerar conveniente mantener la actividad y plantear esa alternativa ante el juez, quien tendrá la decisión final.
En ese sentido, vinculó este escenario con la posibilidad de una quiebra administrada, como la que se mencionó públicamente a partir de otros antecedentes empresariales. Sin embargo, remarcó que cada caso tiene particularidades que deben analizarse de manera específica."No es que simplemente se pide la continuación y se continúa", advirtió. Para que eso ocurra, será necesario evaluar las condiciones de funcionamiento, la existencia de un plan de continuidad y las posibilidades de sostener la producción.
El abogado también recordó que la firma viene trabajando bajo la modalidad de producción a fazón y que, según indicó, los contratos vigentes se extenderían hasta marzo. A partir de allí, habrá que determinar si existe la posibilidad de renovarlos y si están dadas las condiciones para mantener la actividad. La continuidad, mencionó, puede resultar importante para preservar las instalaciones, las maquinarias y la capacidad productiva, ya que una paralización prolongada podría agravar la situación de la empresa.
Más allá de la situación judicial y del futuro de la planta, Casella puso el foco en los trabajadores que no fueron reincorporados y que atraviesan una situación económica crítica. Detalló, de los aproximadamente 350 trabajadores vinculados a la planta de Reconquista, alrededor de 150 quedaron inicialmente afuera. De ese grupo, unos 50 habrían renunciado o conseguido reinsertarse laboralmente, mientras que cerca de 100 continúan sin poder regresar a sus puestos de trabajo."Son personas que no volvieron a ingresar nunca a su puesto de trabajo y hace un año que no cobran", manifestó el abogado, al describir la situación de quienes quedaron excluidos de la actividad.
El letrado señaló que algunos de esos trabajadores consiguen realizar changas ocasionales, pero que la mayoría no logró reinsertarse formalmente en el mercado laboral. La situación se vuelve todavía más compleja para quienes tienen alrededor de 50 o 60 años, debido a las dificultades que encuentran para conseguir un nuevo empleo.
Casella también cuestionó que no se haya dado prioridad a algunos trabajadores que estaban próximos a jubilarse. Según indicó, el sindicato había planteado que se contemplara especialmente a quienes tenían uno o dos años de trabajo por delante para acceder a la jubilación, aunque ese pedido no tuvo respuesta favorable en todos los casos. El abogado advirtió que la situación de los trabajadores que permanecen afuera no puede quedar relegada ante la discusión sobre la continuidad de la fábrica. En ese sentido, consideró que, si finalmente se autoriza la explotación de la empresa durante la quiebra, será necesario abrir una instancia de diálogo para encontrar una respuesta para quienes no fueron reincorporados."Pensar justamente que esas personas han dejado la vida dentro de una fábrica, 30 años de su vida, e irse con las manos vacías y estar en esta situación, hay que buscarle sí o sí una solución", razanó.
Casella remarcó que se trata de trabajadores que durante décadas dependieron de su empleo y que ahora, en muchos casos, deben recurrir a la asistencia social para cubrir necesidades básicas. Algunos reciben ayuda alimentaria del municipio, una realidad que, según sostuvo, no debe naturalizarse.
Desde la representación sindical, la intención es que se convoque a una audiencia para plantear formalmente la situación de los empleados que permanecen afuera y analizar las alternativas disponibles dentro del proceso judicial. Entre las posibles vías para atender las deudas salariales, Casella mencionó la eventual venta de activos de la empresa. Esos recursos podrían destinarse al pago de obligaciones laborales, aunque advirtió que existe un obstáculo importante. Indicó que los bienes se encuentran cautelados por la Justicia federal de Buenos Aires en el marco de la causa vinculada con los créditos otorgados por el Banco Nación a Vicentín y las presuntas irregularidades investigadas. En ese expediente hay directivos de la entidad bancaria y de la empresa imputados. Por ese motivo, cualquier operación sobre los bienes requeriría resolver previamente las restricciones judiciales que pesan sobre ellos. "Hay una cuestión no solamente jurídica, que existe y que uno la entiende, sino que hay una cuestión social de fondo", remarcó el Dr. Casella, al insistir en que la situación de las familias afectadas requiere una respuesta. El abogado recordó que, antes del fracaso del cramdown, los trabajadores mantenían expectativas de que pudiera alcanzarse un entendimiento entre el Banco Nación y la empresa. Ese acuerdo no se concretó y ahora el escenario obliga a buscar nuevas alternativas.
Consultado sobre los plazos para resolver el futuro de Algodonera Avellaneda, Casella evitó dar una estimación concreta. Explicó que todo dependerá de la decisión judicial, de las condiciones que se establezcan para una eventual continuidad y de las posibilidades reales de sostener la producción. El proceso deberá contemplar las evaluaciones del síndico y las posiciones de los acreedores y de los trabajadores, además de las condiciones operativas de la planta."Esto no se va a resolver de la noche a la mañana", afirmó.
El fracaso del cramdown marca así el comienzo de una nueva etapa para Algodonera Avellaneda. Mientras se aguarda una definición judicial sobre la quiebra y la posible continuidad de la actividad, el reclamo sindical apunta a que la resolución no se limite a mantener la fábrica en funcionamiento, sino que también contemple a los trabajadores que llevan meses sin empleo ni ingresos regulares.