Esta semana que finalizó, se conoció la imputación para Nelci Micaela Medina de 24 años, por el abandono de una bebé recién nacida, que fue encontrado fallecida en un terreno del barrio Nueva Fe y que sucediera el 12 de agosto pasado. Según pudo establecer la fiscal, Dra. Luciana Chiavarini, la madre habría dado a luz a una beba en el baño de su propio domicilio. Nació con vida y posteriormente su propia madre la trasladó hasta un lote, donde la dejó abandonada y sin brindar asistencia. La fiscal reprochó legalmente no haber avisado a familiares ni a los servicios de emergencia para que acudieran en auxilio de la beba recién nacida, que permaneció en el lugar hasta que fue localizada ya sin vida. La autopsia determinó que nació vida y durante un lapso de tiempo hasta fallecer posteriormente. Lo que no se estableció todavía con fehaciencia es cuánto tiempo pasó hasta finalmente falleció. La calificación legal es abandono de persona incapaz, agravado por el vínculo y por el resultado de muerte, en calidad de autora. La justicia determinó que la mamá continúe en libertad, aunque sujeta a una serie de restricciones y obligaciones.
No es el propósito de este editorial y de este columnista efectuar una consideración particular sobre este caso, que efectivamente, a todos nos duele y que ya abordamos en este mismo espacio. Esta mujer puede dar, seguramente, testimonio que una determinación como la que protagonizó no es gratuita y que más allá de la condena recibida, la procesión va por dentro. No es tampoco el objetivo en este momento considerar la actitud del padre ausente, porque una criatura se concibe de a dos, allí también existe un reproche insoslayable. Sucede que muchas criaturas terminan siendo fruto de una relación para nada buscada, son el resultado de un encuentro meramente circunstancial, sin que esto justifique ninguna conducta y mucho menos determinaciones como la que aquí se aborda.
¿Por qué el sistema de salud tiene la obligación legal de realizar un aborto? La ley 27.610 dictada durante el último gobierno de Fernández-Fernández así lo establece. No se lo denomina aborto, sino más diplomáticamente IVE, que significa Interrupción Voluntaria del Embarazo y que contempla el acceso de forma legal y gratuito a este tipo de práctica.
La mencionada disposición legal establece que esta práctica es gratuita y debe ser cubierta por el sistema público, de obras sociales y prepagas en su totalidad. Es más, establece plazos que son muy perentorios. El sistema de salud tiene 10 días corridos para realizar la práctica que se le solicita.
El mundo del revés. No existe ninguna ley que establezca plazos tan claros y taxativos como este destinado a practicar un aborto, para otros casos que son muchas veces de vida o muerte. A modo de ejemplificar, desde el momento que ingresa una solicitud para un aborto el sistema tiene 10 días corridos, sí corridos, para efectuarlo; pero no hay ninguna ley que establezca tiempos para otras prácticas médicas.
El sistema público de salud está colapsado y no únicamente por los abortos, múltiples razones convergen para que se llegue a esta situación. Lo cierto es que, si el sistema debe optar entre realizar un aborto o efectuar una intervención quirúrgica a quien sufrió un grave accidente de tránsito, hay situaciones que son de vida o muerte, debe elegir la primera alternativa porque de los contrario son pasibles de una condena penal.
Pero, es más, el sistema de salud debe asegurarse de contar con algún profesional para realizar esta práctica. O sea, debe asegurarse de tener en su planta de profesionales, quien o quienes estén dispuesto a realizar un aborto, pero nadie le exige a un hospital de tercer nivel de atención que tenga una guardia pediátrica, a modo de simple ejemplo. Debe de tener profesionales para lo primero, pero no se les exige que haya suficiente cantidad de psiquiatras con la falta que hacen, de anestesistas y de tantas otras especialidades.
¿Cuántos abortos se llevan practicados en el hospital? Cuenta con dos profesionales que las realizan, según lo expresado por el propio director del hospital, Dr. Juan José Nardin. En el periodo enero-julio, según pudo establecer Vía Libre, se practicaron un total de 44 abortos, en este nivel de salud y que requiere la intervención del servicio de ginecología.
Es muy oportuno aclarar que estos abortos corresponden a los casos realizados en el Hospital Regional, a lo que deben de sumarse los realizados en el primer y segundo nivel. Nos queda como tarea establecer cuántas prácticas más corresponden a estos otros dos niveles del sistema, información que procesa el nodo de salud. Esto se encuadra en lo que la referida Ley llama ILE, Interrupción Legal del embarazo y que responde al IVE, Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Cada uno puede tener su posición sobre este tema. El debate no es solamente aborto sí, aborto no; sino que también se dispara otra discusión: ¿corresponde que el sistema público de salud, que se haya totalmente colapsado, deba hacerse cargo de esta interrupción como legalmente está establecido? El infortunio y la vida de esta beba es de esperar que no sea en vano y al menos sirva para visibilizar una situación que está más allá de una razón ideológica o política. ¿Cuál es la solución, acaso sea esta?
Les deseo una muy buena semana.
Lic. José Carlos Odasso