El juez federal de Reconquista se refirió a la investigación que derivó en la detención del jefe y subjefe de la división Antinarcóticos de Venado Tuerto, y remarcó la importancia de avanzar con investigaciones hacia el interior de las fuerzas de seguridad. "La mejor manera de honrar a esos efectivos honestos es expulsar a quienes ensucian el uniforme", sostuvo.
El juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, analizó la reciente investigación que involucra al jefe y subjefe de la división Antinarcóticos de Venado Tuerto, quienes fueron detenidos y separados de sus cargos en el marco de una causa vinculada al presunto encubrimiento de un importante narcotraficante.
En diálogo con nuestro programa radial, el magistrado aclaró inicialmente que no corresponde adelantar conclusiones sobre la responsabilidad de los involucrados, ya que será la Justicia la encargada de determinar su eventual participación en los hechos.
Sin embargo, consideró que el caso permite poner en discusión un aspecto central de la lucha contra el narcotráfico: la necesidad de investigar también las posibles irregularidades dentro de las propias fuerzas de seguridad.
"Uno de los mayores obstáculos a la lucha contra el delito fue la sospecha de encubrimiento o, a veces, hasta de falta de voluntad política para limpiar lo que son las propias estructuras para investigar hacia dentro", señaló Alurralde.
En ese sentido, destacó que la decisión de avanzar con investigaciones sobre integrantes de las fuerzas representa, a su criterio, un cambio de paradigma.
"Poner las irregularidades puertas adentro de una institución no la debilita, sino que, al contrario, la fortalece", afirmó.
"La mejor manera de honrar a esos efectivos honestos"
Alurralde sostuvo que este tipo de investigaciones también constituye una señal para los integrantes de las fuerzas de seguridad que cumplen correctamente con su función.
"La mejor manera de honrar a esos efectivos honestos es expulsar a quienes ensucian el uniforme", expresó.
Para el juez, resulta fundamental que las investigaciones permitan avanzar "caiga quien caiga", de manera que quienes trabajan dentro de las instituciones sepan que no existe impunidad interna.
"Es un mensaje directo a los buenos policías para decirles que su trabajo vale, su esfuerzo se respeta y que no van a convivir con la impunidad interna de cualquier fuerza", agregó.
El rol de la desfederalización
El magistrado también vinculó el caso con la implementación de la desfederalización en materia de microtráfico y sostuvo que la participación de distintos organismos permite incrementar los mecanismos de control.
Según explicó, el trabajo conjunto entre fiscales federales y provinciales permite compartir información y pruebas cuando una investigación presenta aspectos que involucran tanto delitos de competencia provincial como federal.
"Cuando más actores se encuentran trabajando en una misma investigación de un mismo delito, es más difícil no encontrar la corrupción", afirmó.
Alurralde destacó particularmente el funcionamiento de los equipos conjuntos de investigación, donde fiscales de ambos fueros pueden intercambiar información y actuar coordinadamente.
"Ya no es ‘esta causa es mía y yo no la comparto con nadie’. Cuando se observa que hay puntos de contacto entre materia federal y provincial en la lucha contra el narcotráfico, se actúa en conjunto", explicó.
"Esto no tiene que ser motivo de desánimo"
El juez reconoció que las investigaciones que involucran a integrantes de las fuerzas de seguridad generan impacto, pero consideró que no deberían provocar desánimo.
"Esto no tiene que ser motivo de desánimo, si bien impacta la noticia, pero es una prueba de que los mecanismos de control y la voluntad política están funcionando", sostuvo.
En ese sentido, marcó una diferencia con situaciones en las que, ante irregularidades, los efectivos simplemente eran trasladados a otra dependencia.
"Antes uno observaba que sorpresivamente se los trasladaba. Acá se está sacando el problema de ahí", señaló.
Finalmente, Alurralde remarcó que quienes ejercen funciones públicas también están alcanzados por la legislación penal y deben responder ante la ley si cometen delitos.
"Todos los funcionarios públicos, entre los que me incluyo, tenemos que saber que el Código Penal también está para nosotros", afirmó.
Y concluyó con una definición contundente: "Nadie está por encima de la ley".