La causa judicial por la inundación del río Salado de 2003, una de las mayores tragedias de la historia de la provincia de Santa Fe, quedó definitivamente cerrada en el ámbito penal sin responsables condenados. Así lo explicó el abogado, Néstor Oroño defensor del ingeniero Edgardo Frati, quien repasó en una entrevista brindada a nuestro programa radial el derrotero judicial que concluyó con la declaración de prescripción de la acción penal por parte de la Corte Suprema de Justicia.
El letrado recordó que el expediente tuvo un trámite "muy extenso" y que, si bien en una instancia se dictaron condenas contra exfuncionarios provinciales, la Corte Suprema hizo lugar a los planteos de las defensas al considerar que la acción penal había prescripto debido al prolongado tiempo transcurrido.
"La Corte el año pasado dispuso la prescripción de la causa, anuló la sentencia condenatoria y ordenó dictar una nueva sentencia, sobreseyendo al ingeniero Frati, que era el único imputado que permanecía con vida", explicó Oroño. El abogado recordó que entre los condenados figuraban el exintendente de la ciudad de Santa Fe, Horacio Álvarez, y el exministro de Obras Públicas, Edgardo Berli, quienes fallecieron durante el extenso proceso judicial.
La causa también quedó cerrada en el plano civil
Tras la resolución penal, también concluyó la instancia civil que se había tramitado dentro del mismo expediente. Según explicó el defensor, la Provincia de Santa Fe abonó la indemnización correspondiente al matrimonio que había actuado como actor civil dentro de la causa penal, con lo que quedó agotado el objeto del proceso tanto en la faz penal como en la civil.
Cómo fueron las indemnizaciones
Consultado sobre la reparación económica para los damnificados por la inundación, el abogado sostuvo que existieron distintos mecanismos de compensación. En primer lugar, recordó que poco después de la tragedia se creó un ente de reconstrucción que otorgó indemnizaciones administrativas mediante montos estandarizados, calculados según la ubicación de las viviendas, su superficie y otras características.
Además, señaló que el grupo más numeroso de afectados inició demandas civiles contra el Estado provincial, obteniendo sentencias favorables y resarcimientos acordes a los daños acreditados durante el proceso.
Por otra parte, explicó que solo un matrimonio decidió reclamar dentro de la causa penal mediante la figura del actor civil, prevista en el antiguo sistema procesal. Tras la resolución definitiva del expediente, la Provincia efectuó el pago correspondiente a esas personas.
"No hubo reproche penal para nadie"
Uno de los aspectos más controvertidos del caso es que, finalmente, ninguna persona recibió una condena penal firme por la tragedia. Ante ese planteo, el abogado sostuvo que el desenlace respondió principalmente al funcionamiento del antiguo sistema judicial vigente en Santa Fe durante aquellos años.
Explicó que se trataba de un procedimiento "secretista, inquisitivo y escritural", que posteriormente fue declarado inconstitucional, y que por sus características favorecía la prolongación de los procesos.
También señaló que durante la investigación hubo numerosas incidencias procesales, especialmente alrededor de la denominada pericia hidráulica, cuya elaboración fue cuestionada por las defensas debido a que, según afirmó, se realizó sin su participación y estuvo a cargo de técnicos del Instituto Nacional del Agua (INA), organismo que también había sido objeto de cuestionamientos por su actuación previa a la inundación.
Todas esas controversias llegaron incluso a las máximas instancias judiciales, prolongando durante años la tramitación del expediente hasta que finalmente operó la prescripción prevista por el Código Penal.
"La prescripción no es un invento para esta causa. Es un instituto que existe desde el Código Penal de 1921 y puede parecer injusto o denegatorio de justicia, pero forma parte de nuestra legislación y muchas causas terminan de esa manera", afirmó el matriculado.
El nuevo sistema habría permitido una resolución más rápida
Finalmente, el abogado consideró que un proceso de estas características difícilmente hubiera tenido el mismo desenlace bajo el actual sistema penal acusatorio.
Destacó que la principal virtud del nuevo modelo es la concentración de la actividad procesal mediante audiencias orales y públicas, lo que permite que los juicios se desarrollen en plazos mucho más breves.
"Creo que con el nuevo sistema la causa se hubiese juzgado en un tiempo mucho menor. Más allá de si el resultado hubiera sido condenatorio o absolutorio, entiendo que no habría terminado por prescripción", concluyó Oroño.