Hallan restos humanos en San Antonio de Obligado e investigan una masacre indígena de 1887 como delito de lesa humanidad

Un importante avance se produjo en la investigación judicial que busca reconstruir la verdad histórica sobre una de las masacres más dolorosas ocurridas contra pueblos originarios en el norte santafesino. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó el hallazgo de restos humanos durante las excavaciones que se realizan en la zona de Cruz Alta, en jurisdicción de San Antonio de Obligado, donde se presume fueron enterradas las víctimas de la masacre de 1887. La información fue confirmada por la abogada Cintia Chávez, quien explicó en nuestro programa radial que los trabajos forman parte de la causa por averiguación de la verdad histórica que investiga el genocidio de comunidades indígenas.

"Se están realizando trabajos por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense, que busca los cuerpos que, según las investigaciones y la memoria del pueblo, fueron enterrados en esta zona de Cruz Alta. Ya se encontraron restos humanos y el trabajo continúa", señaló.

Una causa impulsada por las comunidades indígenas

La investigación comenzó en 2020 y fue promovida por las propias comunidades originarias del norte santafesino, especialmente por referentes de la comunidad encabezada en su momento por Luis Pereira y Rosa Pereira, de San Antonio de Obligado. Tras el fallecimiento de Luis Pereira, la tarea fue continuada por su nieta, Ivana Pereira. Con el paso del tiempo se fueron sumando otras comunidades de los pueblos Qom y Mocoví de toda la región, desde San Antonio hasta Florencia.

Chávez destacó que, a diferencia del juicio por la Masacre de Napalpí, esta causa nació por iniciativa de las propias comunidades indígenas y luego fue tomando impulso con el acompañamiento de especialistas e investigadores.

Los archivos permitieron reconstruir los hechos

Las investigaciones documentales permitieron acceder a registros históricos conservados en el convento de San Lorenzo y a archivos pertenecientes a la antigua reducción de San Antonio. Entre esos documentos figura un acta redactada por el sacerdote Hermete Constanzi, quien dejó asentado que las víctimas fueron atadas, fusiladas y enterradas cerca de la proveeduría de la reducción.

Según Chávez, la memoria oral de las comunidades siempre señaló el sector de Cruz Alta como el lugar donde descansaban los restos de sus antepasados, motivo por el cual todos los años se realiza allí una procesión en homenaje a las víctimas.

La documentación también permitió descartar una versión histórica que atribuía el origen del conflicto al supuesto asesinato del sacerdote por parte de indígenas. Por el contrario, fue el propio Hermete Constanzi quien denunció por escrito que la matanza había sido ejecutada por fuerzas del Ejército.

El origen de la masacre

Los telegramas militares encontrados durante la investigación permitieron reconstruir el desencadenante del hecho. Según explicó Chávez, el conflicto comenzó cuando Rudecindo Roca solicitó desde otra misión que le enviaran "una chinita y unas mulas". La niña indígena fue secuestrada por soldados y trasladada fuera de la reducción.

Cuando uno de los soldados regresó sin la menor, los familiares reaccionaron contra él. Esa situación derivó en la orden militar de ejecutar a los integrantes de la comunidad que permanecían pacíficamente dentro de la reducción.

La masacre ocurrió el 11 de marzo de 1887 y, según los registros existentes, dejó al menos 14 víctimas identificadas, entre ellas una mujer y un niño, aunque los investigadores creen que el número total pudo haber sido mayor.

El trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense

El antropólogo forense Juan Nobile, integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense, explicó para nuestro programa radial que la tarea consiste en localizar, exhumar, analizar e identificar restos óseos mediante metodologías científicas.

Indicó que el equipo comenzó trabajando en casos vinculados al terrorismo de Estado y desapariciones forzadas, experiencia que hoy también se aplica en investigaciones sobre masacres históricas contra pueblos originarios.

En San Antonio de Obligado, el objetivo es determinar las características biológicas de cada individuo recuperado, establecer sexo, edad, estatura y analizar las lesiones presentes en los restos para conocer las causas de muerte.

"Lo que estamos generando es información científica sobre los restos óseos hallados. Buscamos reconstruir quiénes fueron estas personas y aportar pruebas que permitan esclarecer definitivamente lo ocurrido", explicó.

Un hecho considerado crimen de lesa humanidad

La causa judicial investiga la denominada Masacre de San Antonio de Obligado dentro del marco de los delitos de lesa humanidad y la averiguación de la verdad histórica. Los investigadores la ubican entre otros episodios de violencia extrema cometidos contra pueblos originarios en Argentina, como las masacres de San Javier, Napalpí y Rincón Bomba.

El reciente hallazgo de restos humanos representa un paso trascendental para el esclarecimiento de uno de los episodios más trágicos de la historia del norte santafesino y abre una nueva etapa en la búsqueda de verdad, memoria y reparación para las comunidades indígenas de la región.

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Durante los primeros dos días de excavación fueron recuperados dos elementos óseos humanos, conforme a la terminología utilizada en el ámbito de la antropología forense. Estos restos serán sometidos a los correspondientes estudios técnicos y científicos para determinar su origen, antigüedad y demás características que permitan avanzar en la investigación.

La abogada querellante de la causa por la Masacre Indígena de San Antonio de Obligado de 1887, Dra. Cintia Chávez, sostuvo que el objetivo de la investigación es "contar la verdad" sobre los hechos ocurridos. Explicó que esa verdad debe reconstruirse a partir de la memoria oral, pero también mediante documentación histórica y el aporte de disciplinas como la antropología, la historia y la antropología forense, que permiten reunir las pruebas necesarias para acreditar ante la Justicia lo que las comunidades indígenas vienen denunciando y sosteniendo desde hace décadas.

Se solicita a los medios difundir esta información con el debido respeto hacia las comunidades involucradas y el proceso de investigación actualmente en curso.