El trágico suceso, sin mayores antecedentes en la región, mucho menos en la zona de islas, según las actuaciones existentes hasta el momento, sucedió el 2 de enero de 2001; o sea, hace ya más de 25 años. La causa se originó cuando Aroldo Horacio Álvarez y Mario Victoriano Quiroz dan cuenta al personal de la entonces Sub Prefectura Naval Reconquista, que a la altura del km 954, sobre la margen derecha del riacho Correntoso y en tierra firme, se encontraban tres cadáveres de personas del sexo masculino. Allí se iniciaron las investigaciones, actuando como instructor, el entonces Jefe de la dependencia prefecturiana, Prefecto Livio Mario Furnari. En realidad, fue el comienzo de una serie de torpezas investigativas que incluyeron al entonces Juez Penal en turno, Dr. José María Zarza. La discusión inicial fue sin debía actuar prefectura o bien la policía, por cuanto el hecho sucedió en tierra firme.
¿Quiénes fueron las víctimas?: Claro, corresponde reseñarlo, por cuanto en virtud del tiempo transcurrido, muchos de ustedes tenían muy poca edad o directamente ni habían nacido. Las víctimas, cruelmente asesinadas y masacradas fueron: don Francisco Aureliano Meza, que por entonces tenía 66 años, su hijo Rafael de 29 y el joven Matías Alberto Bustamante de 18 años, vecinos y amigos domiciliados en Barrio Moreno.
Este periodista, por aquellos años tenía una entrega diaria en la televisión local, estuvo en el lugar e infinidad de veces acompañó a los familiares de las víctimas y lo propio hizo cuando se desarrolló el juicio oral y público por parte de la Cámara de Apelaciones en lo Penal con asiento en la ciudad de Vera, integrada en ese momento por los Dres. Mario Enrique Balestierei, Carlos Andrés Corti y Roberto Prieu Mantaras, con intervención del entonces fiscal Ricardo Miguel Fessia y como fiscal adjunto actuó Irineo Berzano. La defensa del único imputado, Carlos Javier Cano, alias "Carpincho" que al momento del triple crimen contaba con 20 años, fue ejercida por el Dr. Ricardo Ceferino Degoumois y también por el Dr. Claudio Darío Villasboas. Recuerdo que, en un gran esfuerzo de producción, logramos sentar en un mismo estudio televisivo a Carlos Cano y a doña Ada Díaz (esposa y madre) y Estela Meza. Ellas nunca estuvieron totalmente convencidas que quien tenían enfrente era el verdadero asesino de sus seres queridos. La misma duda sostiene Estela Meza, hoy 25 años después.
La palabra de la familia de las víctimas. Estela Meza es hija y hermana de dos de las tres personas asesinadas. Fue desde siempre quien movió cielo y tierra para saber quién o quiénes y por qué mataron brutalmente a su padre, su hermano y a Matías. "Nosotros encarecidamente pedíamos que se cierre el juicio. Pensábamos que la causa ya había prescripto", reconoció Estela y admitió: "pedíamos que se cierre, que se cierre," repitió. El desarrollo de este nuevo juicio volvió a exponer a toda la familia a momentos de una enorme carga emocional. Contó en la entrevista por Vía libre que su hermana Liliana debió abandonar la jornada cuando se exhibieron las fotografías de los cuerpos brutalmente masacrados. "Cuando empezaron a mostrar las imágenes de mi papá, de mi hermano y de Matías, ella se descompuso y tuvo que salir de la sala de audiencias", relató nuestra entrevistada.
Un móvil todavía desconocido. La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Vera, en una resolución de 48 folios condenó a Carlos Javier Cano por los delitos de Homicidio Calificado por Alevosía y por el uso de arma de fuego, reiterada en tres ocasiones y Hurto Calificado en Concurso real. Lo que se expresó aquel tribunal el 9 de diciembre de 2004 es también que la investigación (claramente muy defectuosa) no logró determinar fehacientemente cuál fue el móvil o razón del triple asesinato. Es más, se dijo también en aquella audiencia que Cano solo no pudo protagonizar aquella tragedia. La Cámara, actuando como tribunal de juicio oral, rechazó los planteos de nulidad solicitados por la defensa de Cano. En el punto 4, resolvió girar las actuaciones al juez en lo Penal de Instrucción, para la investigación por el delito de falso testimonio para el periodista Abel Ernesto Sánchez y otros cuatro testigos más. Acordó también elevar las actuaciones a la Prefectura Naval Argentina por la responsabilidad del Prefecto Livio Funari y al Ministerio de Gobierno de la provincia en virtud de lo resuelto con respecto al entonces Comisario Carlos Alberto Farías. La resolución contiene también un llamado de atención al Juez José María Zarza y multas a las secretarias del Juzgado de Instrucción, doctoras Fabiana Pierini y Laura Botbol.
En 2007, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia hizo lugar a la apelación de la defensa de Cano y dejó sin efecto la condena impuesta en la instancia de cámara. Ahora, años después de aquella trágica masacre, la propia justicia resolvió iniciar un nuevo juicio que se inició el viernes 12 de junio pasado. Son 80 los testigos que debieran brindar sus testimonios, buena parte de ellos no se viene presentando a sus respectivas convocatorias y otros aducen no recordar transcurrido tanto tiempo lo que se les pregunta. Es muy lógico que así sea. Cualquiera sea la resolución que se puede llegar a adoptar en esta nueva instancia, este nuevo juicio pone de manifiesto con meridiana claridad la deuda que el servicio de justicia provincial tiene y mantiene para las victimas de los delitos que pagaron con sus propias vidas aquella verdadera tragedia, para sus familiares que deben volver a vivir imágenes horribles y también para el presunto responsable acusado de los crímenes en cuestión, transcurridos ya 19 años desde el rechazo a lo resuelto por la cámara, lo que resulta una demora absolutamente inexplicable. La justicia que no se imparte en tiempo y forma deja de ser justicia y este caso así lo testifica. Esta apreciación no pide venganza rápida, reclama un servicio de justicia eficiente y no meramente simbólico. La justicia tardía duele a tres puntas, para las víctimas y sus familiares no hay reparación real, el dolor ya pasó, el dolor se consumió. El propio acusado vivió y vive con una causa abierta y por lo tanto sus derechos tienen ciertas restricciones. Finalmente, la sociedad pierde también confianza en la justicia, si la condena no llega a tiempo, deja ya de disuadir y al menos algunos piensan en la justicia por mano propia, que no constituye ninguna solución en un sistema institucionalizado y al que por siempre no adherimos.
Les deseo un muy feliz día a todos los padres y brindo por una muy buena semana para todos y cada uno de ustedes.
Lic. José Carlos Odasso