Fallo clave: los bancos deberán reclamarle a la estafadora y no a las víctimas cuyos datos fueron utilizados

Una mujer oriunda de la ciudad de San Justo fue condenada a tres años y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo por cometer nueve estafas mediante la utilización fraudulenta de datos biométricos de otras personas para obtener créditos y tarjetas de crédito.

La condenada es Aldana Soledad Bracamonte, de 27 años, quien fue sentenciada por el juez Luis Octavio Silva en el marco de un juicio abreviado realizado en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Agustín Nigro, quien indicó que el perjuicio económico generado por las maniobras ascendió a 90.216.650 pesos.

Según la investigación, Bracamonte utilizó la misma modalidad en los nueve hechos que se le atribuyeron.

En primer lugar, obtuvo de manera fraudulenta los datos biométricos de cinco personas. Con esa información, simuló ser las víctimas y realizó gestiones a través de plataformas digitales de bancos y entidades financieras.

De esa manera, contrató tarjetas de crédito y solicitó préstamos personales a nombre de terceros, generando consumos y obligaciones financieras que nunca fueron realizadas por los verdaderos titulares de los datos.

El fiscal Nigro destacó que la sentencia no solo condena a la autora de las maniobras, sino que además establece quiénes fueron las verdaderas víctimas de las estafas.

"Con este fallo se reordenan las relaciones jurídicas. El juez condenó a Bracamonte como autora de las estafas y consideró víctimas a los bancos y entidades financieras", explicó.

En ese sentido, remarcó que las cinco personas cuyos datos biométricos fueron utilizados no participaron de ninguna manera en los hechos investigados.

Por ese motivo, cualquier acción de cobro que las entidades financieras o bancarias pretendan iniciar deberá dirigirse contra la mujer condenada y no contra los titulares de los datos utilizados en la maniobra.

Bracamonte fue condenada como autora de nueve hechos de defraudación.

Durante el proceso reconoció expresamente su responsabilidad penal y aceptó los hechos atribuidos, la calificación legal, la pena acordada y el procedimiento abreviado junto a su defensa.

Asimismo, las cinco personas afectadas por la utilización de sus datos biométricos manifestaron su conformidad con la resolución judicial.