El nuevo juicio oral por el brutal crimen ocurrido en enero de 2001 en la zona ribereña de Reconquista ha comenzado. Tras la histórica decisión de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe de anular el proceso anterior, la justicia local enfrenta el desafío de juzgar un hecho que conmociona a la región desde hace más de dos décadas. Las audiencias se desarrollan ante un tribunal pluripersonal integrado por los jueces Norma Senn (quien preside el cuerpo), Sergio Olivera y Natalia Palud.
Los fiscales Nicolás Maglier y Sebastián Marichal afirmaron firmemente en sus alegatos de apertura que disponen de un robusto conjunto de evidencias e indicios. Con estos elementos, buscarán probar la responsabilidad de Carlos Javier Cano en los asesinatos de Francisco Meza (67), su hijo Rafael Meza (29) y Matías Bustamante (18).
Responsabilidad Institucional
Durante la apertura, el fiscal Maglier remarcó el peso histórico y la «enorme responsabilidad institucional» que conlleva este nuevo debate. El proceso no solo carga con la gravedad intrínseca de un triple homicidio, sino también con la presión de cumplir con las garantías constitucionales tras el fallo de la Corte Suprema provincial.
La Fiscalía ha dejado clara su postura: el paso de más de 25 años no es un impedimento para alcanzar la verdad. El fiscal Nicolás Maglier admitió el reto que implica el desgaste de la memoria de los testigos, pero contrapuso a esto una estructura probatoria sólida basada en un rompecabezas de «indicios graves, serios y concordantes».
La hipótesis que los fiscales Maglier y Marichal presentarán ante el tribunal detalla una ejecución violenta y sin piedad. Para los representante del MPA las ejecuciones ocurrieron entre la noche del 2 de enero de 2001 y las primeras horas del 3 de enero, en el paraje El Biguazal, ubicado en las orillas del arroyo Correntoso. Para los fiscales Francisco Meza, Rafael Meza y Matías Bustamante fueron emboscados y atacados con armas de fuego. La Fiscalía sostiene que el ataque fue sorpresivo, lo que dejó a las tres víctimas en un estado de total indefensión, anulando cualquier chance de escape o resistencia.
La Fiscalía apunta directamente a conectar a Carlos Javier Cano con la escena del crimen mediante evidencia material y balística de gran peso. Sostienen que Cano estuvo en el lugar de los hechos portando un arma de fuego que resultó determinante para el triple homicidio. Según detalló el fiscal Maglier, los cartuchos encontrados a pocos metros de los cuerpos fueron disparados por esa misma arma. Además, los peritajes científicos demuestran que las heridas que causaron la muerte de las víctimas son totalmente compatibles con el poder de fuego de dicho armamento. Otro indicio clave en la estrategia acusatoria es un reloj secuestrado en poder de Cano tras el crimen. La Fiscalía asegura que este objeto coincide y es perfectamente compatible con el reloj que llevaba puesto Rafael Meza al momento de ser asesinado, lo que reforzaría el vínculo directo del imputado con las víctimas.
Por su parte, el fiscal Sebastián Marichal explicó que la acusación se apoyará en numerosos testimonios y pericias técnicas. Entre ellos mencionó a efectivos de Prefectura y de la Policía de Santa Fe que participaron de los primeros procedimientos, médicos que examinaron los cuerpos, personas que acampaban en las inmediaciones del lugar y vecinos del puerto que habrían prestado a Cano una escopeta y una canoa el día previo a los homicidios.
Al cierre de sus alegatos de apertura, los fiscales ratificaron la máxima severidad en la acusación contra Carlos Javier Cano, definiendo la pena que buscarán imponer al término del debate. Solicitarán que Cano sea condenado como autor de triple homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Debido a la gravedad y las circunstancias del hecho, la única sanción solicitada por el Ministerio Público de la Acusación será la pena de prisión perpetua. El fiscal Sebastián Marichal cerró la exposición mostrando plena confianza en el caudal probatorio: "Entendemos que los elementos objetivos, concordantes y serios nos van a permitir pedir la condena del señor Cano a la pena de prisión perpetua", finalizó.
La defensa
El abogado defensor, Ricardo Degoumois, rechazó de manera contundente la acusación contra Carlos Javier Cano. En su intervención, el letrado desvió el foco de la imputación fiscal para señalar lo que considera el verdadero trasfondo del caso: las fallas del propio proceso penal. Para la defensa, el auténtico escándalo que rodea esta causa —más allá del crimen de 2001— radica en las presuntas irregularidades que han viciado la investigación y el trámite judicial a lo largo de más de 25 años. Degoumois no ahorró críticas y calificó al antiguo sistema judicial santafesino de «vergüenza» y de ser un engranaje "nefasto" que terminó perjudicando tanto al propio acusado como a las familias de las víctimas en su búsqueda de justicia. Como argumento central de este mal desempeño, el defensor recordó que fue la propia Corte Suprema de Justicia de Santa Fe la que debió intervenir para anular el juicio anterior y ordenar este nuevo debate desde cero.
Al cerrar su exposición, Degoumois fue tajante respecto al daño institucional acumulado: "Entendemos que el hecho más grave y más aberrante es la vergüenza que le debe el antiguo Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe al señor Carlos Javier Cano y a los familiares de los fallecidos", remarcó.
La defensa adelantó que durante el debate intentará demostrar que las pruebas presentadas por la Fiscalía son insuficientes y que las irregularidades cometidas durante la investigación impiden atribuir responsabilidad penal a Carlos Javier Cano por el triple homicidio ocurrido en el paraje El Biguazal.
