La Justicia de Reconquista resolvió abrir el concurso preventivo por agrupamiento de Agustín Mauro Latorre y de la firma ALATORRE SRL, empresa dedicada a la comercialización de materiales para la construcción, ferretería, pinturería, maderera y productos para el sector agropecuario con sede en Fortín Olmos, departamento Vera. El proceso fue además encuadrado como un "pequeño concurso" conforme a la Ley de Concursos y Quiebras.
La resolución fue dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, a cargo del juez Fabián Lorenzini, luego de que Latorre se presentara tanto en carácter personal como en su condición de socio gerente de la empresa, alegando un estado de cesación de pagos consolidado durante el primer semestre de 2026.
Las causas de la crisis
Según surge de la presentación judicial, la insolvencia se originó por una combinación de factores económicos y financieros. Entre ellos se menciona la fuerte retracción del sector de la construcción durante 2025, la paralización de obras privadas, la caída del consumo de bienes durables y la pérdida del poder adquisitivo en la región. A ello se sumó una creciente restricción crediticia, con menores líneas de financiamiento, plazos más cortos y elevadas tasas de interés.
Los concursados sostuvieron además que debieron recurrir al financiamiento de proveedores y herramientas bancarias de corto plazo para sostener la actividad, situación que terminó agravando el desequilibrio entre ingresos y egresos.
Activos y pasivos
De acuerdo con la documentación presentada ante el tribunal, el agrupamiento informó activos por $701.200.920,62, mientras que el pasivo consolidado asciende a $451.623.284,91.
Las principales deudas corresponden a:
* Deudas comerciales por $223.299.705,17.
* Deudas financieras por $151.115.490,23.
* Deudas previsionales e impositivas por $43.636.822,64.
Entre los acreedores figuran proveedores del rubro de la construcción, entidades bancarias y organismos fiscales.
Medidas de protección
Como parte de la apertura del concurso, el magistrado dispuso medidas destinadas a preservar la continuidad de la actividad empresarial. Entre ellas, ordenó a las entidades bancarias abstenerse de pagar cheques de pago diferido emitidos antes de la presentación del concurso y con vencimiento posterior, no aplicar multas o comisiones vinculadas a esos instrumentos y mantener abiertas las cuentas corrientes de los concursados.
Asimismo, se decretó la inhibición general para disponer o gravar bienes registrables y se ordenó la designación de un síndico para intervenir en el proceso.
Fechas clave para los acreedores
Posteriormente, el tribunal amplió la resolución inicial y fijó el cronograma procesal. El contador Daniel Aníbal Vidaurre fue designado síndico del concurso y estableció domicilio en calle Iriondo 881 de la ciudad de Reconquista.
Los acreedores tendrán plazo hasta el 22 de julio de 2026 para presentar sus pedidos de verificación de créditos. El informe individual de la sindicatura deberá presentarse antes del 3 de septiembre de 2026 y el informe general antes del 15 de octubre de 2026. El período de exclusividad vencerá el 18 de febrero de 2027 y la audiencia informativa fue fijada para el 12 de febrero de 2027.
El proceso concursal buscará ahora determinar la situación patrimonial definitiva de los deudores y evaluar eventuales propuestas de acuerdo con los acreedores para permitir la continuidad de la explotación comercial.