A poco más de cinco meses de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Seguridad Privada, el Gobierno de Santa Fe informó que las llamadas al sistema de emergencias 911 originadas por alarmas fallidas o activaciones sin incidentes reales disminuyeron un 30 % en toda la provincia.
Según datos oficiales, entre enero y mayo de 2026 se registraron 32.951 comunicaciones provenientes de empresas de monitoreo, frente a las 48.610 contabilizadas durante el mismo período de 2025. La diferencia representa 15.659 llamados menos al sistema de emergencias.
Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad señalaron que la reducción permitió optimizar el uso de los recursos policiales y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones reales.
Menos falsas alarmas, más patrullaje efectivo
El subsecretario de Emergencias 911, Pablo Polito, destacó que la normativa tuvo un impacto directo en la operatividad de las fuerzas de seguridad.
"Esta ley ha sido una herramienta fundamental que nos permitió optimizar los recursos policiales en la calle, reduciendo un 30 % las llamadas por falsas alarmas o alarmas no deseadas", sostuvo.
El funcionario también remarcó una mejora en los tiempos de respuesta. Según explicó, durante el mismo período del año pasado el promedio de llegada de los móviles era de 7 minutos y 15 segundos, mientras que actualmente se ubica en 6 minutos y 15 segundos.
"Reducir un minuto el tiempo de respuesta es sumamente importante porque nos permite llegar más rápido a las urgencias y emergencias", afirmó.
Qué cambió con la nueva ley
La Ley de Seguridad Privada fue aprobada por la Legislatura santafesina en noviembre de 2025 y reemplazó una normativa vigente desde 1991.
Entre sus principales objetivos se encuentran la regulación de las empresas del sector, la modernización de los procedimientos de control y la reducción de las falsas alarmas que saturaban el sistema de emergencias.
Antes de la sanción de la norma, desde el Gobierno provincial estimaban que las alarmas privadas generaban cerca del 30 % de las intervenciones policiales, aunque en la mayoría de los casos los móviles no encontraban ninguna situación de riesgo al llegar al lugar.
Para revertir esa situación, la ley estableció nuevos protocolos que obligan a las empresas de monitoreo a verificar previamente las alertas antes de derivarlas al 911.
Primeros resultados
Desde la Provincia consideran que los primeros meses de aplicación muestran resultados positivos tanto en la reducción de llamados improcedentes como en la mejora de la coordinación entre el sector privado y los organismos de seguridad pública.
Las autoridades sostienen que el nuevo esquema permite destinar más recursos al patrullaje preventivo y a la atención de emergencias reales, reduciendo la carga operativa sobre el sistema de emergencias provincial.