El representante legal de los trabajadores, doctor Mauro Casella, y una serie de acreedores, solicitaron al Banco Nación que acepte la propuesta concursal para asegurar la fuente laboral de los trabajadores.
Los solicitantes expresan que la función del Banco Nación está directamente vinculada y destinada a promover la producción.
La deuda de la empresa concursada con el Nación lo convierte en el principal acreedor y resulta esencial para obtener las mayorías necesarias para alcanzar la homologación del concurso.
El Juez de la causa es el doctor Fabián Lorenzini. De no concretarse el acuerdo, se infiere que el final irremediable será la quiebra, donde en el contexto actual de la industria textil, será mucho más difícil poder reflotar la producción.