La Justicia Federalimputó este viernes a ocho personas acusadas de integrar una organización criminal dedicada al tráfico internacional de estupefacientes, luego del operativo realizado el martes en una zona rural de Vera, donde la Policía Federal Argentina interceptó una avioneta procedente de Bolivia que transportaba 442 kilogramos de cocaína. La audiencia se desarrolló en los Tribunales Federales de Rosario y estuvo encabezada por el juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz.
La investigación es llevada adelante por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), representada por los fiscales Diego Iglesias y Matías Scilabra, quienes atribuyeron a los detenidos el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte, agravado por la participación organizada de tres o más personas. Según la teoría del caso expuesta por la fiscalía, la aeronave aterrizó en una pista clandestina ubicada en un campo del departamento Vera, donde parte de la organización aguardaba la descarga del cargamento.
Los imputados son los ciudadanos bolivianos Henry Vargas e Isaac Daniel Sandoval Hernandez, identificados como piloto y copiloto de la aeronave. También fueron acusados los argentinos Alexis Espinosa, Jorge Díaz, Francis Ramírez, Darien Yoris, Mario Senn y Fernando Senn, estos últimos oriundos de Vera. De acuerdo con la acusación fiscal, todos habrían tenido distintos roles dentro de la estructura narcocriminal investigada.
El juez dio por formalizada la imputación, declaró legales las detenciones y ordenó la prisión preventiva por 180 días para Vargas, Sandoval Hernandez, Espinosa, Díaz y Francis Ramírez. En tanto, Yoris, Mario Senn, quien cumplirá arresto domiciliario por cuestiones de salud y Fernando Senn permanecerán detenidos por 60 días mientras avanza la investigación judicial.
Durante la audiencia, el fiscal Diego Iglesias sostuvo que los acusados "forman parte de un nodo narcocriminal muy poderoso", presuntamente vinculado al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y con conexiones en Bolivia y Colombia. Además, el magistrado autorizó peritajes sobre los teléfonos celulares secuestrados durante el procedimiento y habilitó la destrucción de la droga incautada, previa extracción de muestras para futuras pericias.