Intermediación financiera no autorizada y lavado de activos: "Es la primera vez que se formaliza una investigación a una persona jurídica en el distrito", aseveró el fiscal Salum

Este lunes 16 de marzo de 2026 entrevistamos en nuestro programa radial al fiscal federal, Roberto Salum, para consultarlo sobre la cuasa que investiga tras un operativo de rutina realizado por Gendarmería Nacional donde se encontraron 357 millones de pesos ocultos dentro de un vehículo. La investigación incluye a una sociedad que integraban dos de los implicados y que se dedica a la venta de repuestos para autos y motos.

El funcionario judicial indicó que se trató de un procedimiento que realizó Gendarmería Nacional en un punto semi fijo que tiene esta fuerza federal en el paraje El Timbó, "en un control que hicieron los gendarmes en la madrugada, detectaron que el interior de un vehículo Toyota Corolla Cross tenía algunos plásticos del interior por lo menos flojos o retocados", describió. Indicó que los uniformados pidieron autorización para hacer la revisión completa del vehículo, "se le encontraron 357 millones de pesos. Algo que es fuera de lo común en cuanto al monto, la verdad que era bastante dinero para ser transportado así", evaluó el fiscal. 

"Transportar dinero por sí mismo no es un delito, salvo cuando haya montos grandes. Ahí se inicia por protocolo, una investigación sobre origen, destino y la posibilidad de que ese dinero pueda provenir de algún hecho delictivo", consignó. 

Aladió el fiscal federal de Reconquista que lo que se hizo durante la etapa de investigación fue tratar de ver quién, además del chofer, podía estar involucrado en la maniobra, "después de casi un año de investigación logramos formalizar, que es imputar a cuatro personas y a una sociedad, es decir, una persona jurídica", comentó. 

Sobre la imputación por intermediación financiera no autorizada en este caso en la modalidad de compra y venta de moneda extranjera dijo que llegan a eso luego de analizar el teléfono del imputado, "es decir, de la persona que iba manejando el auto, nos encontramos con evidencia de que parte de ese dinero, que eran pesos, podía provenir de compra y venta de moneda extranjera en Resistencia, en la capital del Chaco, vendían y compraban moneda extranjera sin tener autorización del Estado, del Banco Central en este caso, ni tampoco estar prevista en la ley de entidades financieras que regula esta actividad", desarrolló el funcionario.  Manifestó que es la primera vez que se formaliza una investigación a una persona jurídica en el distrito bajo la vigencia del Código Procesal Penal Federal. 

Señaló además que eso implica un delito, "está previsto en el artículo 310 del Código Penal y bueno, quedaron imputados por eso. La principal hipótesis en aquel momento era la de lavado de activos, porque no es habitual que alguien circule con esa cantidad de dinero de la forma en la que iba a transportar y con la presentación de una autorización que tampoco era algo habitual en este tipo de casos", sumó a su explicacioón. 

Reveló que a través de cruces de información pudieron descrubrir que ese automóvil y algún otro más tenían viajes casi cada dos días a la ciudad de Buenos Aires. "Y hubo un procedimiento similar en provincia de Entre Ríos con personas relacionadas. Entonces detectamos que esta actividad encuadraba en el artículo 303, que es lavado de activos", aseveró. 

 

Para nosotros parte de ese delito, o sea, parte de ese dinero, era de la intermediación financiera no autorizada.

 

Adujo que todavía les queda determinar cuál era el destino, "ahora la etapa de investigación propia después de la formalización, que es la que nos va a tratar de determinar esto. Tenemos, de todas maneras, habiendo cruzado la información que le decía, habitualidad en los viajes, infracciones de tránsito en distintas provincias que nos van determinando cómo fue el derrotero de cada dos días de estos autos, o este en particular, y que es probable que esto haya tenido como destino la ciudad de Buenos Aires", finalizó. 

Cabe mencionar que  a todos los implicados, el juez de Garantías Aldo Mario Alurralde, les impuso un embargo cautelar de 2.000 millones de pesos, tal como había requerido el MPF.

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