Durante las últimas horas, el bloque UNITE – SOMOS VIDA informó que votará en contra de la Reforma Previsional propuesta por el Ejecutivo de Santa Fe, ya que consideran que el proyecto tiene serias falencias tanto en el fondo como en la forma y que sería una herramienta para darle más poder al gobernador Maximiliano Pullaro.
Aunque desde el espacio político reconocen la necesidad de reformar la caja jubilatoria debido a su déficit, no están de acuerdo con las soluciones propuestas, como las continuas declaraciones de emergencia que otorgan más poder al Ejecutivo, el "aporte solidario" para jubilados que ganan más de tres jubilaciones mínimas, y los topes jubilatorios.
Además, el bloque critica la "inconstitucionalidad de algunas medidas", como el descuento del 20% en el cálculo inicial de las jubilaciones y la delegación de facultades para aumentar la edad jubilatoria. También se oponen a la doble imposición a quienes progresan en sus carreras y consideran que las medidas afectarán negativamente a los jubilados, especialmente en un contexto de alta inflación.
EL COMUNICADO COMPLETO DEL DIPUTADO EMILIANO PERALTA, EN EL CUAL ANUNCIA SU VOTO EN CONTRA -Y DE TODO EL BLOQUE UNITE - SOMOS VIDA- DE LA REFORMA PREVISIONAL:
"Después de un largo debate dentro del bloque, y tras haber escuchado a distintos especialistas en la materia, sectores gremiales, sindicales, trabajadores activos y expertos en economía y gasto público, así como fuentes oficiales, hemos decidido que el bloque UNITE – SOMOS VIDA votará negativamente a la Reforma Previsional propuesta por el Poder Ejecutivo (a través del mensaje N° 5115) y a la que el Senado de la Provincia ha dado media sanción. Desde el primer momento manifestamos que el lema de "La Caja No Se Toca" era una premisa que no compartíamos. Y lo mantenemos.Nadie desconoce los 130 mil millones de déficit del año pasado, ni los 200 mil millones que se perdieron hasta julio de 2024, ni los 430 mil millones que se proyectan hasta fin de año. Si la caja "no se toca", se corre el riesgo de que la misma pase a depender de Nación, lo que implicaría jubilaciones más bajas, o de que se quite el 82% como pauta genérica de los haberes jubilatorios. Sin embargo, tampoco apoyamos la forma en que el Poder Ejecutivo propone reformar la caja de jubilaciones y pensiones de los santafesinos. Tenemos diferencias profundas en cuanto al fondo y la forma de la reforma propuesta y el camino legislativo seguido hasta el momento.
En primer lugar, observamos otra declaración de emergencia en un proyecto de ley, siendo esta la séptima vez. No concordamos con que cada problema provincial sea tratado bajo la figura de emergencia, que solo otorga más poder al Ejecutivo en detrimento del control legislativo, algo que va en contra del funcionamiento republicano. En función de esta emergencia, se establece un "aporte solidario" (art. 2°) para jubilados que cobren más de tres jubilaciones mínimas ($1.160.000), con deducciones de entre 2% y 6% durante la vigencia de la emergencia (dos años, prorrogables por uno más). No estamos de acuerdo con este aporte, ya que consideramos que las jubilaciones deben ser intangibles, haciendo que esta norma sea inconstitucional y vulnere derechos adquiridos.
Este aporte desencadenaría una serie de juicios contra el Estado santafesino que, en algún momento, todos los contribuyentes deberemos pagar. Además, el criterio de justicia nos lleva a cuestionar por qué se pide a los jubilados, quienes ya han aportado durante toda su vida laboral, que contribuyan nuevamente después de retirarse. También es relevante destacar que la canasta básica de un jubilado es mucho más alta que la de un adulto promedio, especialmente por los gastos en alimentos y medicamentos. Mientras tanto, los salarios estatales en Santa Fe han aumentado un 96% desde noviembre de 2023, pero la inflación ha sido del 138%, los alimentos han subido un 125% y las tarifas un 292%. Los medicamentos han incrementado un 170%, lo que muestra claramente la pérdida del poder adquisitivo. Añadir este "aporte solidario" solo agrava la situación de los jubilados.
Fuera del marco de la emergencia, tampoco estamos de acuerdo con otras figuras, como el "aporte por ingreso" (art. 7), que debería estar limitado a autoridades políticas y de gabinete, o el "aporte de progreso en la carrera" (art. 8), que actúa como un desincentivo al progreso administrativo y constituye una doble imposición. Además, el artículo 9 introduce un descuento del 20% antes del cálculo del haber jubilatorio, reduciendo así de manera encubierta el 82% móvil. La jubilación ordinaria se fijará en el 70% del promedio de los últimos diez años, incrementándose en un 2% por año adicional de servicio, hasta un máximo del 82%.
El artículo 10 es otro punto de conflicto, ya que extiende el plazo de vigencia de las variaciones de las prestaciones a 60 días, lo que añade presión sobre la economía de los jubilados en un contexto inflacionario. Además, el artículo 12 limita el beneficio de la pensión en función de la duración del matrimonio o unión convivencial, desnaturalizando el derecho a la pensión. En cuanto al matrimonio in extremis (art. 18), extender el plazo a 365 días es excesivo, ya que no siempre es posible prever el curso de una enfermedad.
Respecto al personal policial y del servicio penitenciario, la propuesta eleva los años de servicio, pero sigue sin abordar el problema de la edad jubilatoria mínima. Debería existir un debate más amplio sobre la estructura policial, sus funciones y una ley de policía, en lugar de imponer reformas apresuradas. Además, el aumento de los aportes para el personal de seguridad no se implementa de manera justa, ya que trata de manera desigual a quienes perciben sueldos iguales. También cuestionamos el cambio en la fórmula del cálculo del haber jubilatorio, que pasaría a considerar un promedio de los últimos 36 meses en lugar de los últimos 12.
Finalmente, el artículo 49 plantea un grave problema constitucional al delegar facultades al Poder Ejecutivo para incrementar la edad jubilatoria en función de la legislación nacional. Esta delegación es inconstitucional, ya que la edad jubilatoria no puede modificarse por decreto, ni siquiera en situaciones de emergencia. Por todas estas razones, tanto políticas como jurídicas, el bloque UNITE – SOMOS VIDA ha decidido votar en contra del proyecto de reforma del gobernador".